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title: "El Gobierno aparta a policías condenados por la muerte de Diego Pachao"
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description: "El Gobierno de Catamarca oficializó la expulsión de tres policías condenados por la muerte de Diego Pachao, más de una década después del emblemático caso que sacudió a la provincia. La medida, publicada en el Boletín Oficial, marca un nuevo capítulo en la lucha contra la violencia institucional."
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date_published: "2026-07-17T14:23:00-03:00"
date_modified: "2026-07-17T14:27:59-03:00"
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# El Gobierno aparta a policías condenados por la muerte de Diego Pachao

![Expolicías, condenados por la muerte de Diego Pachao.](/download/multimedia.normal.8875666741634e66.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Expolicías, condenados por la muerte de Diego Pachao.*

Tras años de reclamos de la familia y un extenso proceso judicial, el Gobierno provincial resolvió la cesantía de Ricardo Varela, Gustavo Bulacio y Claudio Yani Nieva, quienes habían sido condenados por su responsabilidad en la muerte de Pachao. La decisión se fundamenta en que los exuniformados incurrieron en una falta administrativa de extrema gravedad, lo que derivó en su baja definitiva de la fuerza policial. Según las resoluciones, Varela fue separado de la institución con vigencia desde el 1 de julio, mientras que Bulacio y Nieva quedaron cesantes a partir del 14 del mismo mes.

El caso Pachao, ocurrido hace más de diez años, se convirtió en un símbolo de la violencia institucional en Catamarca y generó una profunda conmoción social. La familia del joven había reclamado durante años que los responsables no solo fueran condenados judicialmente, sino también apartados de la fuerza, para evitar que siguieran vinculados a la seguridad pública. La oficialización de la medida representa, en ese sentido, una respuesta tardía pero significativa a esas demandas.

Sin embargo, la situación de Ricardo Barrera, el cuarto policía condenado en la misma causa, aún no fue definida. Su baja no fue oficializada, lo que genera interrogantes sobre el criterio aplicado y mantiene abierta la discusión en torno a la responsabilidad institucional. Este detalle añade un matiz de controversia a una decisión que, pese a su importancia, no logra cerrar completamente las heridas de un caso que marcó un antes y un después en el debate sobre el rol y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en la provincia.

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