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title: "Más de 350 organizaciones exigieron en Plaza de Mayo y en todo el país un paro nacional hacia la huelga general contra el plan del régimen libertario de Milei"
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description: "Más de 350 organizaciones sociales, sindicales combativas, estudiantiles, ambientales y de derechos humanos consensuaron un documento unitario en Plaza de Mayo para repudiar las políticas económicas del Gobierno nacional, exigir medidas de fuerza a las centrales obreras y convocar a la unificación de los conflictos laborales y territoriales en todo el territorio nacional."
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date_published: "2026-09-19T23:44:00-03:00"
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# Más de 350 organizaciones exigieron en Plaza de Mayo y en todo el país un paro nacional hacia la huelga general contra el plan del régimen libertario de Milei

![Marcha de la Bronca contra el régimen libertario de Milei.](/download/multimedia.normal.b9114d7fec40bd3e.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Marcha de la Bronca contra el régimen libertario de Milei.*

Más de 350 organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles, territoriales y de derechos humanos de todo el país se concentraron este 19 de septiembre en la Plaza de Mayo, y en distintos puntos del interior, en el marco de la denominada "Marcha de la Bronca". Durante la jornada, los convocantes dieron lectura a un extenso documento unitario en el que llamaron a derrotar el programa económico del presidente Javier Milei, exigieron a la CGT y a las CTA la convocatoria inmediata a un paro nacional hacia una huelga general, y cuestionaron duramente tanto la complicidad de los gobernadores provinciales como el accionar de las cúpulas sindicales tradicionales.

El documento central caracterizó la situación socioeconómica como crítica, señalando la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, el incremento de los despidos y lo que calificaron como una marcada concentración de la riqueza. Según los organizadores, la administración nacional atraviesa un momento de debilidad producto del descontento en las calles, protestas sectoriales y sucesivos escándalos políticos e institucionales —mencionando casos como la controversia en torno a $LIBRA, cuestionamientos a voceros oficiales y denuncias de presunta corrupción en las esferas del poder—. Ante este escenario, plantearon la urgencia de articular la resistencia en el espacio público para frenar el ajuste fiscal y las medidas de desregulación estatal.

En el plano laboral y productivo, el texto alertó sobre el cierre de 30.000 empresas y la pérdida de 300.000 puestos de trabajo, a la vez que denunció un trato preferencial hacia los sectores financieros y la fuga de capitales. Asimismo, el espacio repudió el desfinanciamiento del sistema de salud pública, los recortes a la educación superior y científica, la suspensión en la entrega de alimentos a comedores comunitarios y la baja del programa "Volver al Trabajo", que afectó a 950.000 familias, sumado a las quitas presupuestarias en las áreas de discapacidad y cultura. En materia de derechos humanos, ratificaron la cifra de los 30.000 detenidos desaparecidos, repudiaron cualquier postura negacionista de cara al 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 y denunciaron que la orientación económica actual responde a los intereses de grandes conglomerados, la banca internacional y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El pronunciamiento dedicó un capítulo sustancial a la clase política opositora y a los mandatarios provinciales. El texto acusó a los gobernadores de haber garantizado la gobernabilidad del Ejecutivo mediante votos legislativos a favor de leyes y vetos presidenciales, incluyendo sectores del peronismo. Mencionaron en particular la reciente aprobación casi unánime en el Senado de 67 pliegos de magistrados judiciales. A su vez, los señalaron por aplicar políticas de ajuste en sus distritos, sostener sueldos estatales y docentes por debajo de la línea de pobreza, recortar gastos en salud y educación, e imponer descuentos salariales por medidas de fuerza. En el ámbito bonaerense, cuestionaron la falta de intervención gubernamental en el conflicto de la planta de neumáticos Fate frente a las decisiones empresariales y la posterior orden judicial de desalojo a la ocupación gremial.

Del mismo modo, el documento arremetió contra las conducciones sindicales de la CGT, a las que acusó de haber "pactado" con el Gobierno y entregado la pelea contra la reforma laboral a cambio de preservar recursos y fueros corporativos. De acuerdo con el pronunciamiento, las medidas de fuerza aisladas convocadas previamente por la central obrera solo tuvieron como fin descomprimir el malestar social. En consecuencia, demandaron un nuevo paro nacional unificado con la CTA, respaldado y deliberado en asambleas de base y plenarios de delegados en todo el país.

A lo largo del acto, se reivindicaron los focos de conflicto vigentes, tales como las protestas en el Hospital Garrahan, las medidas del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), los reclamos de las seccionales docentes combativas, las masivas marchas universitarias, las protestas piqueteras, las movilizaciones feministas y de diversidades del 3 de Junio y el 1F, y la sostenida vigilia de los jubilados de los días miércoles ante el Congreso de la Nación, a quienes convocaron a acompañar masivamente en la marcha del próximo miércoles 23 de septiembre.

En relación con las problemáticas de género y diversidad, las organizaciones repudiaron el desmantelamiento de políticas de asistencia estatal, los discursos de odio y los retrocesos respecto de la legislación de interrupción voluntaria del embarazo, anunciando su participación organizada en el próximo Encuentro Plurinacional en Córdoba. En términos socioambientales, exigieron la derogación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), su eventual ampliación y el freno a las reformas de la Ley de Glaciares, denunciando el avance extractivista del agronegocio, el fracking y la megaminería, al tiempo que rechazaron el desfinanciamiento del Servicio Meteorológico Nacional frente a emergencias climáticas.

Por otra parte, se destacó el protagonismo del sector de la discapacidad tras meses de movilizaciones en reclamo de pensiones, aranceles y prestaciones, donde denunciaron presuntos desvíos y vaciamiento administrativo en la exANDIS y el programa Incluir Salud. En el ámbito de los pueblos originarios y el acceso a la tierra, repudiaron intentos de desalojo en comunidades Diaguitas de Peñas Negras (Catamarca) y Mapuches en Lof Quintxikew y Lof Melo (Neuquén), así como en Santa Rosa (Jujuy). En paralelo, alertaron sobre la agudización de la crisis habitacional para seis millones y medio de familias tras la desregulación de la normativa de alquileres. Como antecedente positivo de la movilización popular, el documento recordó la marcha del pasado 6 de agosto, que logró el retiro parlamentario de capítulos vinculados a la extranjerización de tierras y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

En el plano judicial y represivo, los firmantes exigieron la inmediata liberación de los militantes detenidos Eneas Gallo y Milton Tolomeo, el desprocesamiento de activistas, la anulación de sumarios a trabajadores del Hospital Garrahan y de la APyT, el cese de causas penales a delegados de Fate, la directiva de Ademys y referentes piqueteros, la absolución de manifestantes procesados en Jujuy y Misiones, y la baja de imputaciones penales a cerca de 200 trabajadores del Subte en la Ciudad de Buenos Aires. También se repudió el retiro del estatus de refugio político a la familia Villalba.

El documento sintetizó su postura a través de un programa de reclamos inmediatos: aumento general de salarios, jubilaciones y asignaciones por encima de la canasta básica; prohibición de despidos, reincorporaciones y reparto de horas laborales; derogación total de la reforma laboral y los decretos de desregulación; aplicación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica; restitución plena de alimentos a comedores; condonación de deudas usurarias a familias trabajadoras con carga sobre entidades bancarias y plataformas fintech; reestatización bajo control social de empresas como AySA, Belgrano Cargas y la CNEA; y suspensión del pago de la deuda con el FMI y fondos acreedores privados.

Finalmente, en el ámbito internacional, el documento expresó un rechazo explícito a la política exterior de los Estados Unidos, criticando intervenciones en Venezuela, el bloqueo económico a Cuba y la presencia de bases militares en la región, a la vez que ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Asimismo, condenó la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, calificándola de genocidio, y demandó al Gobierno nacional la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas, comerciales y militares con el Estado de Israel, repudiando a su vez el conflicto regional contra Irán. Como cierre, el espacio de autoconvocados instó a construir coordinadoras desde las bases gremiales, territoriales y estudiantiles, citando experiencias de rebelión popular como el Cordobazo o las jornadas de 2001 para enfrentar el programa oficial.

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