---
canonical_url: "https://telediario.ar/contenido/34964/sin-resarcimiento-economico-para-las-victimas-elevan-a-juicio-la-causa-por-el-ba"
title: "Sin resarcimiento económico para las víctimas, elevan a juicio la causa por el \"baile\" policial de 2016"
article_type: "Article"
description: "La querella denunció que el convenio firmado en Fiscalía de Estado fijó cero por ciento de incapacidad a los ocho aspirantes que sufrieron rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda en 2016 y dejó paralizado el reclamo civil durante diez años, mientras la causa penal avanza a juicio con un solo imputado."
main_image: "https://telediario.ar/download/multimedia.grande.b9a0e3e94e90daab.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp"
date_published: "2026-11-21T10:12:00-03:00"
date_modified: "2026-11-21T10:16:29-03:00"
author_name: "TELEDIARIO.ar"
author_url: "https://telediario.ar/usuario/2/telediarioar"
author_social_links:
  - "https://www.facebook.com/TELEDIARIO.ar/"
  - "https://x.com/TelediarioAR"
  - "https://www.linkedin.com/in/telediario/"
  - "https://www.instagram.com/telediario.ar/"
  - "https://www.youtube.com/@TelediarioOK"
  - "https://wa.me/+5491125526677"
  - "https://www.tiktok.com/@telediario.ar"
category_name: "Catamarca"
category_url: "https://telediario.ar/categoria/9/catamarca"
---

# Sin resarcimiento económico para las víctimas, elevan a juicio la causa por el "baile" policial de 2016

![Matías Restelli.](/download/multimedia.normal.8a4f2722f656e6cf.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Matías Restelli.*

La causa penal por los apremios y rigorismo físico sufridos por ocho jóvenes durante el período de ingreso a la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia en Las Pirquitas fue elevada a juicio con Jorge Rolando Romano como único acusado, diez años después de los hechos y sin que ninguno de los damnificados haya recibido reparación económica.

De acuerdo con el requerimiento del fiscal Hugo Costilla, de los cinco imputados que registró el expediente únicamente enfrentará el debate oral Romano (47), quien al momento de los sucesos ejercía como jefe de estudios de la institución con rango de subcomisario, mientras que los restantes cuatro acusados fueron sobreseídos.

Los hechos investigados ocurrieron entre el 30 de diciembre de 2016 y el 8 de enero de 2017 en las instalaciones policiales de Las Pirquitas, conocidas como "Campamento N.º 1", adonde más de 110 aspirantes fueron trasladados para cumplir el "Período de Adaptación y Nivelación de los Aspirantes a Agentes de Policía". El plan había sido elaborado por el entonces comisario Ramón Marcelo Gutiérrez, director de la escuela, con aval de la Secretaría de Seguridad Democrática.

Según la acusación fiscal, los aspirantes Marcelo Martín Barrionuevo, Dante Exequiel Moya, Luis Miguel Pacheco, Matías Exequiel Restelli, Darío Exequiel Rodríguez Vergara, Carlos Daniel Sequeida, Matías Andrés Suárez y Luis Alberto Villarreal fueron sometidos a exigencias físicas extremas bajo órdenes impartidas por Romano: entre 200 y 300 sentadillas, flexiones de rodillas con saltos y manos en la nuca, flexiones de brazos con breves pausas, trotes de hasta 20 kilómetros al mediodía, escasa hidratación y exposición a máximas de 40,2 °C, conforme a registros del Observatorio Climatológico de la Facultad de Humanidades.

El impacto sanitario de esas pruebas quedó plasmado en un informe del Comité Operativo en Prácticas Médico-Sanitarias y Bioéticas del Poder Judicial de Córdoba, que concluyó que los ocho jóvenes desarrollaron rabdomiólisis y posterior insuficiencia renal aguda de distinta gravedad, cuadro que obligó a algunos de ellos a recibir hemodiálisis.

En paralelo al trámite penal, el abogado querellante Bruno Jerez —quien representa a Matías Restelli junto a Sebastián Ibáñez— apuntó contra la actuación administrativa de la Fiscalía de Estado, entonces a cargo de Marcos Denett. Según explicó el letrado, los damnificados fueron llevados a suscribir un convenio que ataba un porcentaje del sueldo mínimo de un empleado público al grado de incapacidad laboral, pero una junta médica dispuesta de manera unilateral por el Estado —sin intervención de un perito de parte de la querella— les asignó 0 % de discapacidad, pese a que varios asistieron en silla de ruedas o desde tratamientos terapéuticos.

Para la querella, ese mecanismo dejó sepultada la causa civil durante diez años y vulneró los derechos de las víctimas. En la misma línea, Restelli —que tenía cerca de 24 años cuando ocurrieron los episodios— expresó su malestar por la espera de una década y por el dictamen administrativo que desconoció las secuelas padecidas.

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.
