La imputación se originó a partir de una investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público, a la cual posteriormente se sumaron denuncias formales, testimonios de testigos y la recolección de distintas medidas de prueba. El imputado fue sometido a indagatoria con la asistencia letrada de la defensora oficial, y durante la diligencia decidió abstenerse de declarar ante las autoridades.

El jefe de Gabinete quedó en el centro de un escándalo político y judicial tras reconocer que ocultó más de 500 mil dólares en sus declaraciones juradas, lo que abre la posibilidad de imputaciones por enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa y hasta lavado de activos. La presentación de documentación rectificativa ante la Oficina Anticorrupción no logró disipar las sospechas, sino que profundizó las dudas.