Economía

La profunda contracción del consumo y la suba del desempleo en los grandes aglomerados del país intensifican la búsqueda desesperada de puestos formales: desde el Conurbano bonaerense hasta distintas provincias del interior, se multiplican las escenas de cientos de postulantes madrugando e improvisando filas kilométricas ante convocatorias laborales limitadas en comercios y locales de servicios.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, la deuda externa trepó a un máximo histórico con un alza de casi USD 42.000 millones desde fines de 2023. El escenario contrasta con la medición consolidada oficial y coincide con una morosidad crediticia en familias del 12,9% —la más alta en 22 años—, sumada a más de 57.000 empresas en cesación de pagos.

En un exhaustivo informe técnico, el Foro Economía y Trabajo alertó sobre la fragilidad del esquema económico impulsado por el Gobierno nacional junto al Fondo Monetario Internacional. El colectivo de investigadores advirtió que la desregulación para tomar deuda y el carry trade conducen a una inminente cesación de pagos, por lo que exigió suspender el programa y revisar las condiciones crediticias.

Desde el pico alcanzado en 2023, más de 20.000 pequeñas y medianas empresas cerraron en el país debido a la contracción del consumo y la suba de costos. La crisis actual no solo reduce el número de firmas activas, sino que golpea a las que permanecen abiertas: las unidades productivas operan a menor escala, destruyen puestos registrados y se refugian en la informalidad laboral para subsistir.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundió los datos de la Encuesta Permanente de Hogares sobre 31 aglomerados urbanos. Si bien la desigualdad mostró un leve retroceso trimestral, el Coeficiente de Gini se mantuvo peor que hace un año y confirmó que los sectores más acomodados concentran un tercio de los recursos generados en el país.

En un debate audiovisual transmitido por Cenital, tres reconocidos economistas analizaron la sostenibilidad del programa de Javier Milei y Luis Caputo frente al freno de la actividad y los informes de JP Morgan. El atraso del dólar, una inversión que cayó al trece por ciento del PBI y la creciente mora en créditos de consumo marcaron los principales contrapuntos del diagnóstico financiero y productivo.

En el marco del cierre de la tercera revisión técnica y con un fuerte respaldo político internacional, el Fondo Monetario Internacional aplicó modificaciones contables en la valuación de activos y una sustancial flexibilización de objetivos que amortiguaron los desvíos fiscales del Palacio de Hacienda y permitieron convalidar el registro de las reservas del Banco Central.

Un estudio del Centro de Economía Política Argentina, basado en el informe de bancos del BCRA de julio, muestra que la morosidad de las familias con el sistema no financiero superó los picos de la crisis de 2001 y de la pandemia. El trabajo vincula el fenómeno con la caída del salario registrado y el fuerte aumento de las tarifas, y detecta más mora en las provincias de menores salarios.

Un informe de J.P. Morgan alertó que la economía argentina se dirige hacia una recesión técnica tras una contracción del 2,9% en julio reportada por el INDEC. Al señalar que se trata del peor registro mensual desde el confinamiento de 2020, el banco estadounidense recortó al 1,5% su proyección anual de crecimiento y advirtió una caída anualizada del 4% para el tercer trimestre.

Tensión sobre los activos soberanos y el frente cambiario: tras diez jornadas consecutivas en ascenso, el indicador elaborado por JP Morgan quebró el piso de los 600 puntos básicos y acumuló una suba mensual de 90 unidades, en un escenario condicionado por el alza de tasas en Estados Unidos y las dudas de los inversores sobre la acumulación de reservas y el financiamiento externo del país.

Pese a los encuentros del equipo económico con administradores de fondos en Nueva York, la persistencia de las restricciones cambiarias, la desaceleración de la actividad y el endurecimiento de la Reserva Federal aceleraron la salida de activos locales, empujando al Riesgo País a su nivel más elevado desde abril y tensionando los dólares financieros.

La erosión del poder adquisitivo y la dificultad de los salarios para cubrir el mes provocaron un fuerte cambio en el clima social: la preocupación colectiva dejó de centrarse primordialmente en la suba de precios para focalizarse en el sostenimiento de los gastos cotidianos, empujando a la mayoría de las familias a recurrir a préstamos para solventar la canasta de alimentos, medicamentos y servicios.

El régimen libertario de Milei presentó su plan económico para el próximo ejercicio con la premisa innegociable del superávit fiscal. La iniciativa estima una inflación del 18%, fija límites estrictos al empleo público, condiciona fondos a las universidades, frena 1.683 obras públicas y habilita endeudamiento para Defensa

En medio de fuertes discrepancias entre las declaraciones oficiales y los registros de los organismos de control sobre el destino de las reservas enviadas al exterior, el Congreso y los tribunales federales se preparan para una semana decisiva marcada por pedidos de informes, acusaciones de ocultamiento de documentación pública y citaciones a las máximas autoridades económicas de la Nación.

El haber jubilatorio mínimo sumado al bono de $70.000 -congelado desde hace 30 meses- cubre apenas el 96% de dicho umbral, evidenciando una pérdida real cercana al 7,8% frente a la canasta total. El salario mínimo de $376.600 representa únicamente el 72,5% de la línea de pobreza, requiriéndose más de cuatro ingresos de este tipo para satisfacer las necesidades de un hogar tipo de cuatro integrantes.

La principal ancla aplicada ha sido la inducida caída del nivel de actividad y el debilitamiento de la demanda interna, acompañados por un severo recorte del gasto fiscal, un estricto control de la emisión monetaria y una marcada estabilidad del tipo de cambio oficial, sostenida mediante intervenciones directas en el mercado cambiario para evitar cualquier salto en las cotizaciones.

El impacto social y productivo de este escenario fue alertado con crudeza por el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, quien advirtió sobre la delicada situación que atraviesan las firmas del rubro frente a la parálisis casi total de las obras públicas nacionales.

Distintos análisis técnicos señalan que la doctrina económica demostró hace casi un siglo que las fuerzas del mercado no resuelven por sí solas los períodos contractivos sin la mediación de políticas activas estatales, desmintiendo la premisa gubernamental de que la disciplina presupuestaria bastará para encauzar el bienestar general.

El deterioro en las manufacturas abarcó a 12 de los 16 sectores relevados por el INDEC, con fuertes caídas mensuales en rubros clave como muebles (13,9%), maquinarias y equipos (8%), refinación y derivados del petróleo (5,7%), textiles y calzado (4,7%) y alimentos y bebidas (3,2%). 

 La reducción del gasto estatal se concentró en áreas sensibles como las prestaciones sociales, la coparticipación a los distritos federales, los salarios de la administración pública y el presupuesto universitario, en un contexto marcado por la caída de la recaudación tributaria.

Pese a que la entidad fabril evitó invitar al gobernador bonaerense Axel Kicillof con la intención de asegurar la participación libertaria, la Casa Rosada desairó la cita y optó por asistir por la tarde a un foro libertario en el Hotel Sheraton, donde el mandatario insistió con sus críticas hacia el sector productivo.

La diputada Romina Del Plá adelantó que exigirán incluir reclamos laborales como el conflicto de Fate y las reincorporaciones en el Conicet, al tiempo que convocaron a una movilización nacional el próximo 19 de septiembre en Plaza de Mayo y distintos puntos del país para articular la protesta social contra el plan económico del Gobierno.

Pese a haber desembolsado efectivamente dichos fondos, el Estado Nacional apenas reconoció un giro de 87.783 millones en febrero, lo que dejó fuera de la contabilidad oficial una suma equivalente al 10% del superávit primario acumulado.

La determinación oficial se concretó luego del fracaso en las negociaciones del Consejo del Salario, instancia en la que las centrales sindicales habían solicitado una base de 993.000 pesos para fin de año, frente a una propuesta patronal de 437.707 pesos.