Legislativas

La agenda Malvinas domina la semana en Diputados. Un día después de la exposición de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el peronismo escuchó a excombatientes sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, mientras el oficialismo prepara una contramaniobra para desactivar la sesión opositora del 15 de octubre, convocada para anular el DNU 70/23 sobre tierras rurales.

El cierre de septiembre consolidó un retroceso generalizado en las variables financieras y en la economía real: las acciones locales retrocedieron 7,5% en moneda extranjera y el riesgo país sumó 100 puntos, al tiempo que se constató una pérdida superior a los 434.000 puestos laborales registrados, una contracción del consumo en comercios y un incremento de la pobreza hasta alcanzar el 32,3% en el país.

En el marco del debate sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados, el bloque de la UCR notificó al oficialismo su rechazo categórico al artículo 111 de la iniciativa, advirtiendo que sus penas de prisión constituyen una amenaza para la libertad de expresión, lo que obligó a los estrategas del Gobierno a enviar negociadores parlamentarios para evitar una derrota legislativa.

La Corte Suprema desestimó por falta de legitimación el reclamo del Centro de Ex Combatientes de Malvinas contra el DNU 70/23 de Javier Milei. La medida devolvió vigencia a la derogación de la Ley 26.737 y reabrió el mercado de tierras sin límites a extranjeros. Frente a este vacío legal, constitucionalistas y la oposición reclaman que la Cámara de Diputados sesione para invalidar el decreto presidencial.

En el marco del tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Poder Ejecutivo, un acuerdo transversal en la Cámara Alta introdujo cambios decisivos en el articulado para limitar la estabilidad del titular de la entidad monetaria. La modificación suprime la exigencia de mayorías especiales y deja expuesta la continuidad de Santiago Bausili en su cargo.

En el plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados, el oficialismo logró imponer su dictamen de mayoría mediante un acuerdo con aliados de la UCR y el PRO. La oposición denunció maniobras parlamentarias de último momento frente al debate por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un marco de crecientes reclamos por incumplimientos legales.

Durante la sesión del 17 de septiembre, el jefe de la bancada peronista acusó maniobras en Labor Parlamentaria para recortar las facultades reglamentarias de Victoria Villarruel en la designación de comisiones. La controversia estalló en medio del debate por un proyecto sobre Malvinas y dejó expuestas las tensiones entre bloques por el control de la agenda legislativa y la conformación de mayorías.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso desató cortocircuitos entre La Libertad Avanza y sus aliados del PRO y la UCR. El texto oficial busca derogar el nomenclador de aranceles únicos obligatorios para prestadores de servicios básicos y modificar el régimen de pensiones, lo que motivó el rechazo opositor y el reclamo de retirar el capítulo antes de la firma del dictamen.

En medio del intento del oficialismo por reflotar Ficha Limpia dentro de la reforma política para suprimir las PASO, senadores del peronismo elaboran una contrapropuesta denominada Ficha Sana. El proyecto apunta a establecer un test psicotécnico obligatorio para todo candidato a cargos electivos, el cual quedaría bajo la supervisión y peritaje del cuerpo de psicólogos de la Corte Suprema de la Nación.

La convocatoria, impulsada para fijar emplazamientos a los proyectos de alivio financiero a familias endeudadas con entidades bancarias y billeteras virtuales, además de la prórroga a la emergencia en discapacidad, expuso las dificultades de conducción de Martín Menem frente a un esquema parlamentario adverso.

Diego Santilli, encabezó negociaciones clave tanto con los mandatarios de la región centro —Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora— como con la cúpula del PRO encabezada por Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.

 Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió en su momento que las transferencias del metal precioso se efectuaron para obtener rendimientos financieros, el Gobierno nunca precisó los volúmenes exactos enviados, las entidades depositarias ni los contratos específicos que respaldaban dichas operaciones.

El conflicto escaló hasta el estrado de la presidencia de la Cámara baja, luego de que el titular del cuerpo, Martín Menem, se negara a habilitar una votación artículo por artículo para someter a debate específico el artículo 13 del proyecto, el cual autoriza a la autoridad monetaria a colocar sus activos y reservas en garantía para la toma de nuevo endeudamiento.

El diputado enfatizó las contradicciones morales y políticas del discurso gubernamental al mencionar casos que involucran al portavoz Adorni y al diputado Espert, a quienes acusó de promover medidas legales que facilitan el encubrimiento de fondos de origen dudoso mientras se profundizan las medidas de ajuste sobre las mayorías trabajadoras.

Durante sus intervenciones, los diputados fundamentaron la premura del debate al señalar que existen en el país cerca de 20 millones de personas endeudadas y alrededor de seis millones de ciudadanos en situación de mora crítica, una realidad que consideraron ineludible en la agenda legislativa.

El momento de mayor confrontación se desencadenó cuando el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resolvió no habilitar la votación particular de los artículos por separado, lo que desató un enérgico reclamo y cruce de gritos por parte de los bloques opositores. 

Referentes sociales y agrupaciones de deudores reclaman la urgente sanción de una ley de emergencia crediticia que contemple quitas, condonaciones y topes a los intereses, remarcando que gran parte de los pasivos acumulados fueron contraídos exclusivamente para costear alimentos, medicinas y servicios esenciales del hogar.

En este contexto de turbulencia politica, la prioridad estratégica del oficialismo apunta a preservar la relación con sus aliados para avanzar en su proyecto central de reforma electoral, cuyo objetivo primordial es la eliminación de las elecciones primarias (PASO). 

La iniciativa del Gobierno obtuvo media sanción por 37 votos contra 33 tras más de diez horas de debate. Conocé quiénes votaron a favor, quiénes se opusieron y los dos senadores que estuvieron ausentes en una sesión marcada por las concesiones del oficialismo.

En contraste, voces del oficialismo y bloques aliados como Cármen Álvarez Rivero y Juan Carlos Pagotto defendieron el dictamen, argumentando la necesidad de previsibilidad jurídica para promover inversiones privadas y el valor de encauzar los litigios inmobiliarios por vías institucionales abreviadas.

Durante la sesión también se registraron cruces parlamentarios por cuestiones de privilegio vinculadas a los recientes roces diplomáticos con el gobierno de Brasil y denuncias de conflicto de intereses sobre legisladores ligados al sector inmobiliario.

Organizaciones agrupadas en la CGT, las dos centrales CTA, la UTEP, ATE y colectivos ambientales se concentraron frente al Congreso bajo un estricto operativo coordinado por las fuerzas de seguridad nacionales y porteñas. 

El oficialismo asegura haber alcanzado las voluntades legislativas requeridas para garantizar la sanción del proyecto en la Cámara Alta tras semanas de modificaciones destinadas a sumar a bloques dialoguistas. El escenario parlamentario contempla un posible desempate a cargo del presidente provisional del cuerpo.

El Senado argentino se prepara para un debate clave: el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para aprobar la ley que habilita la extranjerización de tierras rurales, pese al rechazo del peronismo y sectores de la oposición. La sesión estará marcada por protestas y tensiones políticas.