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En el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el Gobierno argentino profundiza su alineamiento estratégico con Washington al negociar acuerdos millonarios respaldados por el Exim Bank para la provisión de recursos energéticos y litio, en una gira marcada por la falta de una bilateral con Donald Trump y la ausencia de gestos estadounidenses frente al reclamo soberano por Malvinas.

El recambio de la camioneta Amarok en la planta de Pacheco dejará fuera al 70% de las autopartistas locales asociadas al proyecto, desatando el cierre definitivo de dos fábricas multinacionales en Buenos Aires y reduciendo al mínimo la operación de otras firmas clave del sector.

Golpe a la industria alimentaria bonaerense tras casi nueve décadas de actividad: el Grupo Beltrán confirmó el cese definitivo de operaciones en su tradicional establecimiento de Llavallol a partir del 30 de septiembre, dejando sin empleo a los últimos 30 operarios que sostenían la producción de margarinas, en medio de reclamos sindicales y audiencias solicitadas ante el Ministerio de Trabajo.

Tras coordinar el proyecto internacional SPRINT —que detectó concentraciones de plaguicidas en personas, animales y el ambiente argentino superiores a los parámetros europeos—, la científica del INTA y Conicet Virginia Aparicio enfrenta un pedido de exoneración impulsado por el Consejo Directivo del organismo estatal, medida que organizaciones científicas y gremiales denuncian como censura.

En un escenario económico condicionado por la brusca retracción de las ventas en indumentaria y calzado, sumada a la creciente presión de las importaciones sobre el sector comercial nacional, la cadena de indumentaria deportiva avanza con reestructuraciones drásticas, mientras los trabajadores denuncian irregularidades en las notificaciones y reclaman haberes e indemnizaciones impagas.

Tensión laboral en Virreyes: tras siete meses de ocupación y el fallo judicial de la Cámara de San Isidro que ordenó desalojar la fábrica de neumáticos a pedido de la patronal, trabajadores despedidos, familiares y agrupaciones gremiales y políticas sostienen una vigilia activa en los accesos de la planta para rechazar la medida y exigir la reapertura inmediata de los puestos de trabajo.

Más de 350 organizaciones sociales, sindicales combativas, estudiantiles, ambientales y de derechos humanos consensuaron un documento unitario en Plaza de Mayo para repudiar las políticas económicas del Gobierno nacional, exigir medidas de fuerza a las centrales obreras y convocar a la unificación de los conflictos laborales y territoriales en todo el territorio nacional.

Con réplicas en unas 60 ciudades de todo el país, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y partidos de izquierda se concentraron desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo para repudiar las medidas económicas del Gobierno nacional. La movilización unitaria reclamó la anulación de la reforma laboral, aumentos urgentes para sueldos y jubilaciones, y exigió a la CGT un paro general activo.

Una masiva movilización convocada por más de 350 organizaciones sociales, políticas y gremiales cubrió el trayecto entre el Congreso y la histórica Plaza de Mayo en rechazo a las medidas económicas de la administración nacional, con demandas de aumentos urgentes en salarios y jubilaciones, el cese de los despidos y la exigencia a las centrales obreras de convocar a una huelga general en todo el país.

En el marco de una grave crisis financiera, un concurso preventivo de acreedores y tras haber enviado unos 1.200 telegramas de cesantía en sus plantas bonaerenses, la empresa avícola Granja Tres Arroyos propuso abonar parte de las remuneraciones adeudadas mediante la entrega de cajones de pollos, mientras el Ministerio de Trabajo mantiene suspendidos los despidos a través de conciliaciones obligatorias.

Tras siete meses de conflicto por la defensa de más de 900 puestos de trabajo frente a un cierre patronal denunciado como ilegal, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones ordenó desalojar la planta de Fate en San Fernando. Los obreros y el gremio Sutna convocaron a una vigilia y rechazaron la intromisión de la justicia penal en el reclamo laboral, llamando al apoyo de organizaciones sociales y sindicales.

Tras el fracaso de la negociación paritaria con el Gobierno nacional por una oferta salarial insuficiente del 3 por ciento y ante el recorte previsto en el Presupuesto 2027, la comunidad educativa profundiza su plan de lucha. Los gremios de la UBA realizarán 23 jornadas de paro escalonado por facultad, mientras rectores y sindicatos convocaron a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

Frente a la resolución judicial que busca desalojar las instalaciones de Fate, los obreros del neumático refuerzan la permanencia en los portones de la planta, convocan a organizaciones sociales y sindicales a solidarizarse en defensa de los puestos laborales y exigen una respuesta inmediata del gobernador Axel Kicillof. 

Frente al deterioro del poder adquisitivo, las subas en tarifas de servicios y los recortes presupuestarios en áreas críticas como salud, educación y jubilaciones, organizaciones sociales, sindicatos en conflicto y fuerzas de izquierda llamaron a manifestarse masivamente este sábado 19 de septiembre en reclamo de un cambio de rumbo económico y un plan de lucha nacional.

Frente a la pérdida de poder adquisitivo, la suba de tarifas y el deterioro previsional, un centenar de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y de izquierda coordinaron una movilización nacional hacia Plaza de Mayo con el propósito de exigir a las centrales sindicales un paro general y un plan de lucha contra las reformas del Ejecutivo. 

Tras el fallo de la Corte Suprema y la última orden judicial que exige la aplicación inmediata de la Ley 27.795 —cuyo impacto fiscal representa el 0,23% del PBI—, la Universidad de Buenos Aires trasladó sus servicios a la vía pública para reclamar al Poder Ejecutivo los fondos adeudados para salarios, becas, funcionamiento e investigación.

El Parlamento británico confirmó el recambio y modernización de su destacamento militar aéreo permanente en las Islas Malvinas, una medida estratégica que se concretará hacia fines de noviembre de 2027 y que coincide con el endurecimiento de la postura del gobierno de Javier Milei, enfocado en imponer sanciones a petroleras que operan en el área.

De cara al 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades que reunirá a miles de asistentes en Córdoba los días 10, 11 y 12 de octubre, el Plenario de Trabajadoras profundiza su campaña política con asambleas, talleres en colegios y una audiencia en el Concejo Deliberante para denunciar el ajuste de los gobiernos de Milei y Llaryora frente a los más de 176 femicidios ocurridos en el año.

Organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles, jubilados y sindicatos combativos junto a referentes del Frente de Izquierda convocaron a una movilización federal hacia Plaza de Mayo en repudio al ajuste económico del gobierno de Javier Milei. La jornada, prevista en más de 30 ciudades, busca visibilizar la pérdida del salario real, los despidos y los efectos de la reforma laboral en el país.

Con esta dinámica recesiva, a lo largo del primer semestre del año se acumularon 8.734 empresas cerradas, elevando la cifra total a más de 31.000 firmas que bajaron sus persianas de forma definitiva desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

La reunión tendrá lugar en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, un espacio de debate en Roma que congrega a líderes gremiales, empresarios, movimientos sociales y autoridades eclesiásticas para analizar las profundas transformaciones globales del mundo laboral.

El reclamo central de la jornada de lucha estará enfocado en los alarmantes índices de recesión, marcados por caídas en la industria, la construcción, la inversión y la recaudación, a lo que se suma el sobreendeudamiento que aqueja a más de seis millones de familias trabajadoras y a miles de pequeñas empresas. 

Dentro del segmento de menores de 25 años en situación de morosidad, un 82% registra atrasos en la totalidad de sus pasivos, lo que confirma que el fenómeno responde a la imposibilidad estructural de costear las necesidades básicas elementales con remuneraciones deprimidas y no a una deficiencia de gestión en los presupuestos personales.

La medida de fuerza busca visibilizar el creciente malestar del sector ante la falta de respuestas oficiales por la retención y falta de ejecución de $59.330,7 millones establecidos en la Ley Nacional N° 25.054, correspondientes a remanentes presupuestarios de ejercicios previos. Desde las distintas dependencias solicitaron tranquilidad a la comunidad vecinal para evitar falsas alarmas durante el toque de sirenas.