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La escalada del conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado de Claudio Chiqui Tapia, Gregorio Dalbon, publicara un extenso mensaje en redes sociales en el que cuestionó el origen y la intencionalidad de las denuncias impulsadas contra la conducción de la entidad.
Bajo el título “Datos públicos”, el letrado puso el foco en los denunciantes y en el rol de distintos actores estatales según supo la Agencia Noticias Argentinas, en medio de las actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y las presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales.
En su publicación, el abogado sostuvo que Juan Facundo Del Gaiso, uno de los denunciantes de la AFA, “registra ingresos del Estado” y cuenta con antecedentes administrativos vinculados al fútbol, citando una resolución oficial.
En la misma línea, mencionó a Matías Yofe, a quien atribuyó vínculos laborales con el Estado y reuniones institucionales con funcionarios y magistrados. Sin formular acusaciones directas, el mensaje planteó interrogantes sobre la independencia de quienes promovieron las denuncias y sugirió la existencia de posibles conflictos de intereses.
El texto también hizo referencia a la difusión en medios de comunicación de información vinculada a allanamientos y actuaciones judiciales, señalando que parte de ese material provendría de filtraciones cuya “trazabilidad y motivación merecen ser esclarecidas”.
En ese marco, el abogado mencionó a la senadora Patricia Bullrich y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y remarcó la necesidad de determinar responsabilidades en la circulación de información sensible.
Finalmente, el mensaje advirtió sobre un supuesto “avance coordinado” contra Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y la propia AFA, planteando que el debate excede lo ideológico y se inscribe en la defensa de la transparencia y el Estado de Derecho.
El cierre del tuit, con la frase “ahora vamos por todo”, fue interpretado como una señal de que la conducción de la AFA evalúa profundizar su estrategia legal y política frente a las acciones impulsadas desde sectores del Gobierno, en un conflicto que continúa sumando tensión institucional
