El debate sobre la megaminería en Santa Cruz y el planteo de un impuesto de emergencia

En atención a una polémica desatada en torno a nuestra posición sobre un impuesto de emergencia a las mineras, que ignoran nuestra propia historia de lucha contra la contaminación de la megaminería, haremos un desarrollo de la posición. Pero antes de exponer nuestra orientación necesitamos preguntar a los que realizan los planteos ambientalistas más extremos: ¿Forman parte de la clase obrera los 9.000 mineros de la minería metalífera en Santa Cruz? ¿O deben ser considerados desclasados por prestarse a trabajar en una actividad extractiva y contaminante? ¿Merecen apoyo cuando luchan por aumentos salariales y condiciones de trabajo o de seguridad en las minas? ¿Deben ser invitados a un Plenario de Trabajadores? ¿Debemos respaldarlos cuando se agrupan para tratar de superar a la burocracia sindical infame que dirige Aoma?

Son preguntas simples que nuestros detractores ni siquiera se han formulado, no aparecen en su radar, pero en Santa Cruz si aparecen en el nuestro.

Caracterización y propuesta.

Construyamos un programa y un plan de acción de la clase obrera de Santa Cruz que integre a la lucha nacional contra el ajuste de Milei y los gobernadores, los reclamos de fondo contra el saqueo y la contaminación de la megaminería instalada en la provincia.

En Santa Cruz iniciamos un 2026 en el marco de una crisis agravada en las condiciones de vida de los trabajadores. El gobierno provincial ha postergado el debate salarial y acaba de aprobar un presupuesto con déficit de 339.000 millones de pesos, siendo autorizado por la Legislatura para tomar hasta 350 millones de dólares de empréstitos.

Sin dudas que esta crisis fiscal está siendo utilizada como argumento contra los reclamos de docentes, empleados públicos y de salud, con el consabido: "No hay plata".

A la caída de miles de puestos de trabajo por la paralización de las represas y el retiro de YPF, se agregaron a fin de año unos 150 despidos de contratados en la Municipalidad de Río Gallegos, varios despidos docentes y la amenaza de muchos más al iniciar el ciclo lectivo. Si agregamos la caída general de la coparticipación de impuestos y los recortes a la educación, queda claro que Milei hunde a Santa Cruz, con la complicidad del gobernador Vidal y los intendentes.

En contraste, hay un sector de la economía de Santa Cruz que atraviesa una bonanza histórica: la megaminería contaminante instalada desde hace muchos años en la provincia por los gobiernos kirchneristas, ha exportado desde Santa Cruz en 2025 por valores que superan todo el presupuesto provincial completo de 2026. El aumento de los precios especulativos internacionales del oro y la plata que producen esas corporaciones ha permitido una ganancia extraordinaria que no responde ni a mayores inversiones ni a un aumento de la producción, sino solo a causas especulativas. 

Esa ganancia imprevista en 2025 redondea más de 700 millones de dólares y desde el Partido Obrero de Santa Cruz consideramos legítimo disputar esa ganancia para que se quede en el país y en la provincia, considerando la realidad provincial donde miles y miles necesitan trabajo y otros tantos miles necesitan salir de los salarios de indigencia, de la precarización o en el mejor de los casos de salarios públicos que están bajo la línea de la pobreza.

Se combinan por un lado una necesidad extrema y por el otro un saqueo extremo en una misma provincia, como expresión particular y flagrante de una realidad nacional cuya esencia es similar.

La denuncia de este saqueo y el reclamo de impuestos de emergencia para que las corporaciones no se lleven esas ganancias extraordinarias, no se contrapone a la denuncia general acerca del daño ambiental que produce la megaminería y la necesidad de controlar y reformular los métodos de producción. En nuestro concepto estamos abriendo un camino para la pelea de fondo por la expropiación y reorganización por parte de una gestión obrera de los yacimientos. 

Lo hacemos con los métodos del plenario de trabajadores, de la lucha en las calles, de la unidad de la lucha contra la reforma laboral y contra la ley de glaciares de Milei; de una pelea común de los gremios estatales por el salario y los puestos de trabajo; de la integración de los movimientos de desocupados que están muy activos en toda la zona norte provincial; de la unidad de la clase incluyendo a los 9.000 compañeros de la minería metalífera que constituyen uno de los pilares de la clase obrera santacruceña y que han protagonizado luchas importantes en los últimos años entre las cuales, la ocupación de Cerro Vanguardia, la huelga en Minera Santa Cruz y la ocupación más reciente en Cerro Moro.

Por iniciativa de la Adosac se reunió en diciembre en Río Gallegos un plenario de trabajadores y dirigentes que organizó la movilización del 18 de diciembre contra la reforma laboral y votó la defensa de los glaciares y la denuncia de las ganancias megamineras. Se prepara otro plenario para febrero en la continuidad de esta lucha.

Desde el Partido Obrero en este cuadro hemos propuesto un proyecto de ley para aumentar como medida de emergencia las regalías a la minería metalífera, sin la menor expectativa en que la Legislatura lo trate y cuya única finalidad es llamar la atención de toda la comunidad sobre el nivel increíble a que ha llegado el saqueo de estas empresas sobre las riquezas naturales (o bienes comunes) que explotan. 

Como en el proyecto no desarrollamos la impugnación a sus prácticas contaminantes (prácticas que rechazamos y por las cuales nos oponemos y nos hemos opuesto siempre a la megaminería), y esta ausencia del planteo ambiental generó una aguda polémica y duras críticas en las filas de toda la izquierda, venimos a suplir ese déficit planteando que se integren todas las formas de la denuncia de la megaminería en un programa que vincule este reclamo con el conjunto de las reivindicaciones de los trabajadores.

Se necesita un programa de transición, hacia el objetivo final de expropiar y colocar bajo gestión obrera y popular la actividad, como parte de una reorganización social de conjunto.

Un punto de partida es la unidad ya mencionada entre la pelea contra la reforma laboral y la modificación a la Ley de Glaciares que es inminente, y en general contra todas las reformas que pretende imponer el gobierno nacional.

En segundo lugar, la denuncia de la complicidad y absoluta falta de control estatal sobre los métodos contaminantes. La exigencia de un control con poder de veto de los propios trabajadores y las organizaciones ambientales acerca de las prácticas de consumo y disposición de agua, explosivos y cianuro entre otras.

En tercer lugar, la imposición de un impuesto de emergencia, cuya recaudación asegure obras públicas y planes de remediación ambiental para la generación de puestos de trabajo en la provincia, así como una elevación general de los salarios públicos.

En cuarto lugar, propiciar un debate público en asambleas comunitarias y de las organizaciones obreras y populares acerca de las variables ambientales tolerables y de cuáles no lo son en la extracción de minerales.

En quinto lugar, rechazar la instalación de nuevos emprendimientos megamineros, como el que se prepara con el uranio en Las Heras.

En sexto lugar, asegurar las condiciones de seguridad en las minas y los puestos de trabajo actuales de los compañeros y compañeras mineros/as, con las mismas condiciones de convenio y salariales que han logrado hasta ahora, ante los procesos de cierre de minas, ya sean por razones ambientales o por agotamiento del yacimiento.

Expresamos la solidaridad activa con los pueblos que luchan en nuestro país contra la instalación de la megaminería como es el caso de Mendoza y Chubut entre otros y contra la criminalización de los compañeros perseguidos por esa lucha.

La denuncia del saqueo deberá reforzar las expectativas de la lucha gremial mostrando contra el discurso oficial que hay plata en la provincia y en el país, ¡solo que se la llevan las grandes corporaciones extractivistas, las camarillas gubernamentales corrompidas y por supuesto los bancos a través de los negociados de la deuda externa!

Nuestro enfoque supera un impasse de los planteos ambientalistas extremos, que carecen de una propuesta que pueda integrar en la lucha contra sus propias patronales a los mineros.

También busca un ángulo popular para que amplias capas de la población que no se conmueven todavía por la cuestión ambiental, se sumen a una lucha contra las corporaciones mineras por la denuncia del saqueo que perpetran, en defensa de sus propias reivindicaciones vecinales, laborales y salariales. Aspiramos a que en el desarrollo del propio movimiento se interioricen de las importantes cuestiones ambientales en juego.

Creemos que esta propuesta es la forma concreta que debe adoptar en nuestra provincia el combate político que viene planteando (con matices) toda la izquierda, contra la megaminería.