Denuncian que la reforma de la ley de inteligencia “debilita controles democráticos”. En un comunicado conjunto firmado por veinte entidades, pidieron al Congreso que se anule el decreto que permite “aprehender” a personas sin una orden judicial.
Interés GeneralHace 3 horas
TELEDIARIO.ar
Una veintena de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales pidieron que el Congreso la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 941/2025 que reforma de la ley de Inteligencia, al advertir que “debilita los controles democráticos” porque permite la “aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial«.
La postura está plasmada en un documento firmado por Amnistía Internacional Argentina, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Democracia en Red, Fundación SES, Fundación Vía Libre y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), entre otros.
Las entidades de derechos humanos y sociales pidieron al Congreso que rechace ese DNU y la oposición está buscando alcanzar el número para poder anular esa medida del Poder Ejecutivo.
“Advertimos que se trata de un DNU manifiestamente inconstitucional, que amplía la discrecionalidad estatal y habilita prácticas que creíamos superadas. El Congreso debe rechazarlo”, expresaron los organismos en el comunicado.
Además, señalaron que el DNU de reforma de la ley de Inteligencia “es grave” porque el “decreto habilita vigilancia masiva, concentra más poder en la SIDE y debilita los controles democráticos”.
“Por primera vez en democracia, la SIDE puede proceder a la aprehensión de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”, señalaron.
Y destacaron que “esto deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación. Es transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control”.
En esa línea, sostuvieron que el DNU “obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control”.
Agregaron que se “se vuelve así una herramienta para realizar vigilancia masiva. Además, la acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es todavía más peligrosa en la medida en que el Estado no tiene una política adecuada de seguridad de la información y las filtraciones son frecuentes”.
“El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia. Puede pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan”, puntualizaron
Más críticas.
Otro punto rechazado por las organizaciones de derechos humanos es que el decreto “establece que las actividades de inteligencia son encubiertas por definición. Esto significa que no vas a poder saber si te están investigando, por qué, ni qué información tienen sobre vos. El carácter encubierto puede frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado. No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan. El secreto es la regla”.
En otro tramo del documento rechazaron que los militares realicen tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales.
En ese sentido señalaron que “durante décadas, Argentina trabajó para separar claramente defensa (militares) de seguridad interna (policías). Era una lección aprendida de la dictadura: los militares no deben ejercer funciones de control de la población civil”.
Agregan que “este decreto permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre ‘organizaciones no estatales’ —sin aclarar cuáles ni los criterios que harían que las organizaciones ingresaran en esa categoría— y les quita el control civil. Es un retroceso histórico peligroso”
Entre gallos y medianoche.
El presidente Javier Milei dictó el DNU 941-2025 el 31 de diciembre y produjo profundos cambios a la ley de inteligencia y otorgar un amplio poder a la SIDE. Tiene hasta el jueves próximo para enviar esa norma al Congreso para que sea revalidada.
Tras llegar al Congreso, la Comisión de Trámite Legislativo contará con diez días hábiles para su tratamiento, pero es probable que ese plazo se venza ya que ni siquiera está constituida la comisión, con lo cual la oposición puede impulsar su tratamiento en el recinto de sesiones.
Su deuda oscila entre un 125 y un 150% de su PBI, lo cual llevó a un primer intento (fallido) de saldarlo a través de aumentos de tarifas, precios, e impuestos. Esto ha significado el abandono de la política aislacionista de America First del primer gobierno de Trump, reconociendo su fracaso.
Expertos afirman que la desfinanciación del área clave para combatir incendios forestales supera el 70% en términos reales desde 2023. Dieciséis provincias enfrentan una situación crítica por los focos activos.
Una encuesta de la consultora D'Alessio-Irol-Berensztein midió el humor social en la última semana de 2025. La mayoría sostuvo que la situación era peor a la del año anterior. Milei mantiene un apoyo del 46%.
El acusado, de 28 años, fue aprehendido tras ser hallado en el domicilio de su madre, pese a contar con una prohibición de acercamiento vigente dictada por la Justicia.
Milei se vio obligado a decir algo en sus redes en medio de una ola de críticas en las redes sociales por el recorte de fondos para el combate de los incendios forestales.
Luego del durísimo descargo de Juana Viale, el periodista salió a dar explicaciones, sostuvo su versión y dejó frases explosivas que volvieron a encender la polémica.
La estrategia actual de pagar deuda con más deuda, ya sea con privados como con organismos internacionales de crédito, tiene un elemento escondido que complicará cualquier tipo de salida ordenada del actual festival de endeudamiento.
La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Producción, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Turismo y la Subsecretaría de Cultura, con el respaldo del intendente Ernesto Andrada, sumando nuevas alternativas a la agenda cultural y turística del verano.