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El abogado penalista Dr. Sebastián Ibáñez explicó que la discusión sobre la conveniencia de la nueva Ley Penal Juvenil resulta secundaria, dado que la iniciativa ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados de la nación y, con alta probabilidad, será aprobada en el Senado en los próximos días, convirtiéndose en Ley Nacional. Según el especialista, lo más relevante es analizar el contenido de la normativa y su impacto en la vida cotidiana de los adolescentes y en el sistema judicial argentino.
Actualmente, los menores en Argentina solo pueden ser penalmente responsables a partir de los 16 años, y entre los 16 y 18 únicamente por delitos graves. El nuevo régimen adelanta la imputabilidad a los 14 años, permitiendo que quienes cometan delitos desde esa edad puedan recibir penas previstas en el Código Penal, aunque con limitaciones específicas.
En una entrevista exclusiva realizada por el periodista Oscar Alejandro Álvarez para TELEDIARIO, el Dr. Ibáñez se refirió a la media sanción obtenida en Diputados y a la posibilidad de que la próxima semana se convierta en la nueva Ley Penal Juvenil de Argentina. El especialista subrayó que los adolescentes tendrán derecho a todas las garantías constitucionales de un adulto: juicio previo, defensa, abogado, presunción de inocencia y demás derechos procesales. Respecto a las penas, aclaró que no serán idénticas a las de los adultos, ya que la sanción máxima para un menor de 14 años será de 15 años de prisión, incluso en casos de delitos graves como homicidios o abusos sexuales.
Ibáñez advirtió que la Ley no solo afectará a jóvenes en situación de marginalidad, sino también a adolescentes de clase media y alta que cometen delitos como conducir alcoholizados, participar en abusos en fiestas o ejercer violencia en ámbitos escolares. “La sociedad debe comprender que la norma alcanza a todos por igual”, señaló.
El especialista también destacó que los menores no podrán ser alojados en cárceles de adultos, sino en establecimientos especiales, lo que implicará un fuerte impacto presupuestario para las provincias. Además, indicó que el régimen contempla beneficios como la posibilidad de sustituir la prisión por penas alternativas una vez cumplidos dos tercios de la condena, siempre bajo supervisión judicial y con derecho de las víctimas a intervenir en el proceso.
En Catamarca, por ejemplo, el fuero penal juvenil cuenta con un solo fiscal, dos defensores oficiales y dos jueces, una dotación que Ibáñez consideró insuficiente para afrontar la cantidad de procesos que se iniciarán. Según el abogado, será necesario duplicar o triplicar el presupuesto destinado al fuero penal juvenil, incorporando más fiscales, defensores, jueces, secretarios y empleados judiciales.
El penalista calificó la medida como "irresponsable" por parte del Gobierno nacional, al considerar que resulta contradictoria con la política de “déficit cero” y reducción del gasto público. Recordó que la ley prevé un monto de más de 23.739 millones de pesos para afrontar el costo del nuevo régimen, pero aclaró que ese presupuesto corresponde a la Nación y que las provincias deberán suscribir convenios para recibir financiamiento, lo que no garantiza la cobertura de los gastos reales.
Finalmente, Ibáñez concluyó que la intención de su análisis es aportar claridad a un debate complejo, marcado por múltiples voces y posiciones encontradas, y subrayó la necesidad de políticas preventivas que incluyan educación, trabajo, deporte y recreación para evitar que los adolescentes lleguen al sistema penal.
