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La reciente aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela ha desatado una fuerte polémica y críticas de organismos de derechos humanos, luego de que el texto final dejara fuera a cientos de detenidos, entre ellos el gendarme catamarqueño Nahuel Gallo. La medida, sancionada el 19 de febrero por la Asamblea Nacional, fue presentada como un gesto de reconciliación, pero terminó convertida en un instrumento restrictivo que limita los beneficios prometidos.
El proyecto inicial había sido anunciado como un marco histórico que abarcaría hechos ocurridos entre 1999 y 2026. Sin embargo, el texto definitivo redujo ese alcance a solo 12 años, dejando sin cobertura un período de 15 años. Esta modificación fue calificada como arbitraria por organizaciones civiles, que denunciaron una “selección indebida” de fechas que impide la liberación de cientos de presos políticos. Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, advirtió que la fragmentación cronológica convierte la ley en un mecanismo excluyente.
El caso de Nahuel Gallo refleja con crudeza esta exclusión. El gendarme fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en la frontera venezolana, pero la normativa solo contempla hechos vinculados a las elecciones presidenciales de julio de ese año. Al no estar su situación relacionada directamente con ese proceso, quedó fuera de cualquier beneficio legal.
En una conferencia de prensa, Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, confirmó que el nombre de Gallo no figura en la amnistía y cuestionó que sean los mismos jueces y fiscales que llevaron adelante acusaciones quienes ahora tengan la potestad de interpretar la ley. Según las organizaciones, la reconciliación nacional no será posible mientras se mantenga la discrecionalidad y no se libere a todos los presos políticos.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) también criticó el texto, calificándolo de revictimizante y excluyente. De acuerdo con datos de las organizaciones civiles, más de 11.000 personas han pasado por prisión con medidas restrictivas, incluyendo adultos mayores de 70 años. La nueva ley, lejos de aliviar la crisis humanitaria, perpetúa la incertidumbre sobre la suerte de al menos 400 detenidos que, como Nahuel Gallo, permanecen olvidados por la normativa.
