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La Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió a trabajadores despedidos de FATE (empresa argentina líder en fabricación y exportación de neumáticos), quienes se encentraban en las afueras de la Secretaría de Trabajo en marco de una manifestación pacífica contra el cierre de la planta y en defensa de sus puestos de trabajo.
El incidente ocurrió mientras dirigentes gremiales del sector mantenían una reunión con funcionarios nacionales para abordar el conflicto por los 920 empleados despedidos. El encuentro concluyó pasadas las 11:30 hora local sin alcanzar un acuerdo, extendiendo la conciliación obligatoria hasta el 11 de marzo.
Sin mediar palabra ni diálogo previo, los efectivos avanzaron contra los trabajadores con golpes, balas de goma y gases lacrimógenos. Los efectivos policiales, bajo la órbita del jefe de Gobierno Jorge Macri, persiguieron a los trabajadores y sus familias que intentaban protegerse de los camiones de agua y motocicletas policiales que avanzaban sobre ellos.
La movilización, convocada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), denuncia que la empresa, encabezada por Javier Madanes Quintanilla, incurre en una «estafa» al incumplir un acuerdo homologado en 2025.
El pacto otorgaba a la patronal beneficios en el no pago de aportes a cambio de garantizar la estabilidad laboral hasta julio de 2026, según el Sutna. El gremio alerta que la firma no ha presentado quiebra ni concurso de acreedores, deteniendo la actividad únicamente por razones comerciales.
Ante la parálisis de la única productora de cubiertas radiales para transporte pesado en el país, el Sutna anuncia un plan de lucha que incluye presentaciones judiciales y la propuesta de una «ocupación temporánea» por parte del Estado para preservar la producción y reincorporar a los operarios.
Diversas organizaciones sindicales y movimientos sociales de Argentina tales como la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma (CTA), la CTA de los Trabajadores, gremios de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) y distintas agrupaciones sociales, se movilizaron con el objetivo respaldar el legítimo reclamo de los empleados y exigir la reapertura de la industria.
Las organizaciones manifestaron su rechazo a la violencia y denunciaron una «política económica que está cerrando empresas y dejando a miles en la calle». Esta represión se enmarca en un contexto de crecientes tensiones sociales en el país sudamericano, donde los trabajadores luchan por sus derechos laborales y la estabilidad económica.
Los sindicatos y movimientos sociales que participaron en la movilización dejaron claro su compromiso, asegurando que esta acción de protesta «no se va a detener: se va a multiplicar», ante la falta de respuestas y la represión por parte de las fuerzas de seguridad.
El conflicto en Fate se enmarca en la crisis más amplia del sector del neumático en Argentina, que en los últimos años atravesó tensiones por costos, importaciones y caída del consumo interno. La crisis del sector del neumático en Argentina, reflejada a principios de 2026, se caracteriza por el cierre de plantas históricas como Fate y la solicitud de procedimientos preventivos de crisis (PPC) por empresas como Bridgestone, derivando en despidos masivos. El sector enfrenta una fuerte caída en la producción y demanda, agravada por la competencia de importaciones y altos costos, superando la crisis de 2022.
La mala gestión económica se ha reflejado también en una creciente inestabilidad financiera. En septiembre, la subida del dólar y el desplome de los bonos elevaron el riesgo país a su máximo anual, evidenciando la desconfianza de los mercados.
La intervención del Banco Central, que se vio obligado a vender reservas, fue interpretada por los inversores como una señal de debilidad, profundizando la crisis y la fuga de activos argentinos. A las pérdidas económicas se suma el debilitamiento político del Ejecutivo, con un Congreso que ha votado en contra de decisiones clave en salud y educación.
Este aislamiento legislativo proyecta la imagen de un Gobierno sin apoyo suficiente para sostener sus planes, añadiendo mayor incertidumbre a un panorama social marcado por el aumento de la desocupación y la pérdida de valor acumulada del 62 por ciento respecto al máximo histórico de 2011.
