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En un escenario de conflicto abierto entre el ámbito académico y el Poder Ejecutivo, la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) oficializó este viernes un plan de lucha que contempla un paro por tiempo indeterminado a partir del 16 de marzo. La medida, votada en asamblea, responde a la negativa del Gobierno nacional de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso en 2025, la cual cuenta con un respaldo de la Justicia que el oficialismo ha decidido desconocer.
La resolución gremial establece que no habrá retorno a las aulas hasta que el Ejecutivo liquide la recomposición salarial del 51% que adeuda al personal. El conflicto se originó tras el intento del presidente Javier Milei de anular la ley de 2025 mediante un decreto de necesidad y urgencia, cuya aplicación fue frenada por un amparo judicial. Pese a la «luz roja» emitida por los tribunales, el Ministerio de Capital Humano mantiene el desfinanciamiento y ha enviado un nuevo proyecto de ley que busca derogar la normativa vigente para introducir recortes drásticos en la educación superior.
El plan de acción votado por los trabajadores no se limitará al cese de actividades. El esquema incluye la realización de clases abiertas, cortes de calle y permanencias en las facultades y colegios nacionales dependientes de la UBA (como el Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini). “Vayamos al paro hasta la huelga general universitaria en defensa del salario”, reza la convocatoria de AGD-UBA, que ha declarado a la institución en estado de deliberación permanente para resistir lo que consideran un ataque sistemático al sistema público de enseñanza.
La escalada del conflicto tendrá un punto de inflexión el próximo 20 de marzo, cuando se realice una asamblea conjunta con estudiantes y trabajadores no docentes. En dicho encuentro se definirá la fecha de una nueva Marcha Federal Universitaria, que se pretende realizar antes de que el Congreso comience el tratamiento de la ley de reforma propuesta por el oficialismo.
La comunidad educativa exige la apertura inmediata de paritarias y el respeto irrestricto a la legislación conquistada el año pasado, en un contexto donde el sostenimiento básico de las casas de altos estudios se encuentra en riesgo por el congelamiento presupuestario.
