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La causa judicial conocida como la de las “absoluciones pagas” volvió a generar un fuerte impacto en el ámbito judicial de Catamarca. La defensa de tres imputados en el millonario robo ocurrido en el barrio Parque América solicitó que el fiscal de Instrucción Nº5, Hugo Costilla, sea citado a declarar para explicar su rol en el expediente.
El pedido fue presentado por el abogado Pedro Vélez, representante de Diego Marcelo Arroyo, Guillermo Hernán Nieva y Camilo Alberto Carrizo, ante el juez de Control de Garantías Nº3, Lucas Vaccaroni. La víctima del hecho es Matías Exequiel Rolón Reynoso.
La solicitud no se limita al fiscal Costilla. La defensa también pidió que comparezcan el procurador general Tristán Lobo, el fiscal general Alejandro Gober y el fiscal de Cámara Miguel Andrés Mauvecín, con el objetivo de esclarecer la participación del Ministerio Público Fiscal en el acuerdo que derivó en el sobreseimiento de los acusados.
En su presentación, Vélez cuestionó duramente al organismo acusador. Señaló que el propio Ministerio Público Fiscal intervino en el acuerdo entre la víctima y los imputados, y que fue quien solicitó el sobreseimiento. Además, remarcó que el organismo dejó vencer los plazos legales para apelar la resolución, lo que permitió que el fallo quedara firme.
La defensa busca que el fiscal Costilla explique por qué no apeló la sentencia, si estaba al tanto de que los sobreseimientos podían ser recurridos y si detectó irregularidades en el acuerdo. También pretende saber si recibió instrucciones del Fiscal General para presentar un recurso y por qué esa medida nunca se concretó.
El planteo incluyó acusaciones de alto voltaje: la defensa sostiene que el Ministerio Público Fiscal intenta ahora revertir el fallo “sin autorización legal y en contra de sus propios actos”. Incluso, afirmaron que la intención de revisar la sentencia responde únicamente a “quedar bien con la prensa”, pese a haber convalidado previamente el acuerdo.
La causa, que ya había generado controversia, vuelve a poner bajo la lupa el accionar de funcionarios judiciales y amenaza con profundizar uno de los escándalos más sensibles que enfrenta actualmente la Justicia provincial.
