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El juez Rodrigo Morabito analizó la problemática de la violencia entre adolescentes, un fenómeno que se visibiliza cada vez más en redes sociales, y advirtió que el abordaje no debe limitarse al ámbito judicial. “El problema de la violencia no solamente es juvenil, el problema de la violencia es social”, sostuvo el magistrado en diálogo con TVeo.
Morabito explicó que los episodios de agresión y falta de tolerancia se replican en distintos espacios de la sociedad, desde discusiones políticas hasta conflictos cotidianos en la vía pública o en eventos deportivos. “La violencia nos ha ganado de sobremanera en todos los ámbitos”, señaló.
El juez subrayó además el rol fundamental del entorno familiar y social en la formación de los jóvenes. En ese sentido, consideró necesario “un equilibrio en la forma de educar, con autoridad pero no con autoritarismo”, y remarcó que la violencia dentro del hogar tampoco constituye una solución.
Durante la entrevista, Morabito se refirió a la reciente sanción de la ley que modifica el régimen penal juvenil. Aclaró que, aunque la norma ya fue promulgada, entrará en vigencia recién en septiembre, tras un plazo de 180 días para su implementación. Hasta entonces continuará vigente el régimen actual, que establece la punibilidad a partir de los 16 años.
El magistrado explicó que la nueva normativa ampliará la intervención de la justicia penal en hechos protagonizados por adolescentes. “A partir de septiembre, todo tipo de delito podría ser investigado por la justicia penal”, indicó. Sin embargo, advirtió que las reformas legales no bastan por sí solas para resolver el problema de la violencia. “Si la solución al delito fuera una ley penal, ya lo habríamos resuelto con las muchas leyes que existen”, expresó.
Para Morabito, el enfoque debe centrarse en la prevención y en el abordaje social del conflicto. “La ley penal puede ser una respuesta, pero no va a ser la solución”, afirmó.
El juez también alertó sobre la falta de infraestructura adecuada para alojar a adolescentes en conflicto con la ley penal. Recordó que la nueva legislación prohíbe que los menores sean alojados en establecimientos penitenciarios para adultos, incluso en pabellones separados, práctica que se utilizaba en algunos casos.
En Catamarca funciona actualmente el Centro Juvenil Santa Rosa, de carácter semiabierto, pero no existen instituciones especializadas como las que exige la nueva normativa. “Las provincias tienen seis meses para adecuar instituciones especializadas”, señaló Morabito, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de cumplir con ese plazo.
Finalmente, advirtió que la implementación del nuevo régimen implicará importantes desafíos institucionales y presupuestarios, ya que requerirá infraestructura específica y recursos para su funcionamiento.
