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La crisis habitacional en Argentina alcanzó niveles alarmantes: 7 de cada 10 hogares enfrentan problemas de vivienda, desde falta de servicios básicos hasta hacinamiento crítico. El recorte de programas estatales y la paralización de obras públicas bajo el gobierno de Javier Milei agravaron la situación, dejando a más de 10 millones de familias en condiciones precarias.
Según datos oficiales, 10,7 millones de hogares (73% del total) presentan algún tipo de déficit habitacional. De ellos, 7,4 millones carecen de servicios públicos básicos, tienen viviendas con deficiencias materiales o enfrentan tenencia irregular. Además, más de un millón de hogares necesita una vivienda adicional por hacinamiento crítico o porque las actuales son irrecuperables. Se estima que 5 millones de familias viven sin acceso regular a agua, electricidad o gas.
El problema se extiende a los barrios populares, donde el ReNaBaP registra 1,2 millones de familias en zonas sin servicios adecuados, calles seguras ni equipamiento urbano. Muchas de estas viviendas están ubicadas en áreas de riesgo, como basurales o zonas inundables, lo que agrava la vulnerabilidad de sus habitantes.
La crisis también golpea a los inquilinos, quienes enfrentan contratos más cortos, aumentos frecuentes y riesgo de desalojos. La derogación de la Ley de Alquileres incrementó la inestabilidad, mientras que el cierre de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda paralizó más de 100.000 viviendas en construcción. Entre 2023 y 2025, la inversión en vivienda y urbanismo cayó entre 85% y 95%, alcanzando niveles mínimos históricos.
En este escenario, especialistas advierten que la crisis habitacional dejó de ser coyuntural para convertirse en estructural. Sin políticas públicas que articulen acceso, regularización y mejoras urbanas, millones de familias seguirán viviendo en condiciones precarias, consolidando un problema de largo plazo que golpea especialmente a los sectores más vulnerables.
