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El escándalo por la estafa cripto $LIBRA sigue sumando revelaciones que comprometen directamente al presidente Javier Milei y a su entorno más cercano. Documentos judiciales y peritajes señalan que el mandatario habría recibido pagos millonarios vinculados a la promoción del token, mientras que su hermana Karina Milei aparece en reuniones con empresarios internacionales ligados a la operación.
El episodio más resonante ocurrió el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en X un mensaje promocionando $LIBRA. Según la investigación, ese tuit tuvo un precio pactado de cinco millones de dólares, y fue el resultado de una operación diseñada con meses de anticipación. Minutos antes y después de la publicación, el presidente mantuvo comunicaciones con el trader Mauricio Novelli y con su hermana Karina, lo que refuerza las sospechas de coordinación.
Los peritajes revelaron además que Novelli abonaba a Milei un pago mensual de USD 2.000 cuando era diputado, y que al menos dos transferencias continuaron en 2024, ya con Milei en la presidencia. Este hecho podría constituir una violación del artículo 92 de la Constitución Nacional, que prohíbe al presidente recibir otros emolumentos.
La ruta del dinero incluye al colombiano Camilo Rodríguez Blanco, conocido como “Camilo Crypto Quant”, quien operaba como cuevero de confianza de Novelli y convirtió más de USD 4 millones en efectivo. También se detectaron operaciones con el Bank Von Roll de Suiza y la firma Degussa, que incluían la emisión de una moneda de oro con la cara de Milei y merchandising oficial.
En paralelo, Karina Milei recibió a los promotores de estas iniciativas en Casa Rosada en abril y noviembre de 2024. En esa última fecha, las declaraciones juradas presidenciales mostraron la aparición de USD 65.000 no declarados, lo que incrementa las sospechas sobre el financiamiento paralelo.
El fiscal Eduardo Taiano demoró casi un año en entregar el peritaje, lo que generó denuncias de obstrucción. La oposición impulsa una comisión parlamentaria para investigar la presunta complicidad judicial, mientras que el oficialismo intenta contener el impacto político de un caso que expone la monetización de la función presidencial y amenaza con alterar el escenario electoral.
