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El tribunal de apelaciones de Estados Unidos dejó sin efecto la condena de casi 18 mil millones de dólares contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012. La resolución fue considerada un triunfo histórico para el país, ya que elimina una de las demandas más costosas impulsadas por fondos buitre. El fallo se apoyó en la validez de la estatización de la petrolera, defendida como política de Estado por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.
En un mensaje grabado, Javier Milei celebró el resultado como una victoria de su gestión, afirmando que “Argentina ganó a Burford en Estados Unidos”. Sin embargo, reiteró que “expropiar está mal” y criticó la decisión de 2012, lo que expuso una contradicción: festeja un fallo que solo fue posible gracias a la política que cuestiona. Además, intentó adjudicarse el mérito del éxito judicial, pese a que la defensa estuvo a cargo del estudio Sullivan & Cromwell LLP, contratado por el Estado argentino en 2020, mucho antes de su llegada al poder.
La postura del presidente contrasta con sus declaraciones previas, en las que criticó la estatización de YPF y mostró simpatía hacia los reclamos de los fondos buitre. Hoy, en cambio, celebra un fallo que beneficia al país gracias a esa misma estatización. Esta incoherencia es utilizada por sus opositores para remarcar la fragilidad de su relato político y la falta de consistencia en su discurso.
El intento de apropiarse del fallo abre un nuevo frente de debate político. Mientras Milei busca capitalizar el resultado como un logro de su gobierno, la oposición subraya que se trata de una victoria institucional producto de una estrategia legal sostenida durante años. El episodio refleja las tensiones entre la narrativa presidencial y la continuidad de las políticas de Estado, y anticipa un escenario de mayor confrontación en torno al rol de YPF y la soberanía energética.
