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La estructura tributaria argentina atraviesa una transformación silenciosa y regresiva. Según datos de la recaudación de marzo, difundidos por la Agencia de Recaudación de la Argentina (ARCA), se registró una caída del 9,5% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado. Es el octavo mes consecutivo de retroceso interanual, lo que confirma una tendencia definida: recaudar menos para justificar un ajuste permanente.
El informe del Instituto Argentina Grande (IAG) señala que en el primer trimestre se recaudaron 52,2 billones de pesos, cifra que representa 4,2 billones menos que en 2025 y 7,6 billones por debajo del promedio de los años 2021-2023. “La recaudación del primer trimestre fue la más baja de los últimos 15 años”, advierte el organismo. La caída se explica principalmente por el desplome de los Derechos de Exportación y del impuesto a los Bienes Personales, que redujeron su participación a mínimos históricos.
El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp) detalla que las retenciones pasaron de representar el 8% de la recaudación total en 2024 a apenas 2,6% en 2026. En paralelo, Bienes Personales cayó del 2,2% al 0,3%. Los beneficiarios directos de este esquema son las cadenas agroexportadoras y los titulares de grandes fortunas. En contraste, los impuestos al consumo y al trabajo concentran el 76% de la recaudación, lo que evidencia un modelo regresivo en el que la mayoría paga más mientras los sectores concentrados tributan menos.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defiende esta política como parte de un cambio estructural que busca reducir el Estado a su mínima expresión. La caída de ingresos fiscales no es considerada un fracaso, sino un objetivo: menos recursos para hospitales, docentes, provincias y seguridad pública, y más beneficios para quienes concentran riqueza. La reforma impositiva “de prepo” redefine ganadores y perdedores en la economía argentina, consolidando un esquema de ajuste permanente.
