Encubrimiento digital: el nuevo capítulo del escándalo cripto que golpea al régimen de Javier y Karina Milei

El caso $LIBRA suma un nuevo capítulo: la Justicia investiga la activación de diez líneas telefónicas prepagas a nombre del presidente Javier Milei, registradas los días 5 y 6 de abril de 2025, justo después del congelamiento de fondos vinculados al criptoescándalo. El contacto para el alta fue Karina Milei, lo que alimenta sospechas de encubrimiento.
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Mauricio Novelli y Javier Gerardo Milei.
Mauricio Novelli y Javier Gerardo Milei.

La causa por la estafa cripto conocida como $LIBRA se profundiza con la revelación de que, según la empresa Telecom, se dieron de alta diez líneas telefónicas prepagas a nombre del presidente Javier Milei en un lapso de 48 horas, inmediatamente después de que la Justicia ordenara el bloqueo de fondos vinculados al esquema. El dato fue aportado por el querellante Martín Romeo y su abogado Nicolás Oszust, quienes solicitaron la citación a indagatoria del mandatario y de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

De acuerdo con la presentación judicial, el número de contacto registrado para habilitar las líneas fue el de Karina Milei, lo que refuerza la hipótesis de un “protocolo de higiene digital” destinado a crear canales de comunicación oscuros e irrastreables. Para los denunciantes, la maniobra constituye un acto de encubrimiento ejecutado desde la Casa Rosada, en un momento clave en el que la crisis del criptoescándalo comenzaba a golpear directamente al Poder Ejecutivo.

Los investigadores remarcan que las diez líneas fueron dadas de baja el mismo día, el 4 de junio de 2025, lo que genera interrogantes sobre su uso real. ¿Estuvieron en manos del presidente o fueron distribuidas entre colaboradores? ¿Por qué se vincularon a un domicilio particular en Almagro y no a la Casa Rosada o la Quinta de Olivos? Estas dudas alimentan las sospechas de que las líneas pudieron haber sido utilizadas para evadir posibles intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia Federal.

La querella sostiene que la activación masiva de teléfonos coincide con el congelamiento de 44,5 millones de dólares digitales (USDC) y con la extracción de información de celulares secuestrados a operadores vinculados al caso. Además, remarcan que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) validó la hipótesis delictiva con trazabilidad técnica y que los registros de telecomunicaciones aportan pruebas de un encubrimiento político ulterior. El juez Taiano deberá decidir si investiga estas líneas telefónicas y su posible conexión con el escándalo que compromete al máximo nivel del Gobierno.

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