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La lista de beneficiarios de los créditos hipotecarios del Banco Nación incluye a 25 funcionarios y legisladores libertarios, quienes recibieron financiamiento por más de 6.500 millones de pesos. Entre ellos figuran siete integrantes del equipo económico, diez diputados oficialistas, miembros de Presidencia y Capital Humano, además de un director de YPF y familiares de dirigentes. El caso generó denuncias judiciales por presunto conflicto de intereses, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aparece como uno de los más comprometidos. Recibió un crédito de 367 millones de pesos para adquirir una tercera vivienda en un country de Pilar, pese a que la línea estaba destinada a segundas residencias. La rapidez del trámite —aprobado en apenas semanas— y su rol como director del Banco Central en ese momento alimentan las sospechas de negociaciones incompatibles. Junto a él, Felipe Núñez y Pedro Inchauspe también accedieron a préstamos millonarios.
Otros casos llamativos son los de Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, quien con solo 24 años obtuvo un crédito de 357 millones de pesos, y el de la diputada Lorena Villaverde, procesada por estafa inmobiliaria, a quien inicialmente le rechazaron la carpeta en una sucursal de Río Negro pero luego fue aprobada desde la central del banco. Estas situaciones refuerzan las denuncias de discrecionalidad en el otorgamiento de los préstamos.
El Gobierno ordenó una auditoría interna sobre más de 40 personas políticamente expuestas, asegurando que los créditos fueron otorgados correctamente. Sin embargo, las explicaciones oficiales generaron más polémica: el presidente Javier Milei defendió a los beneficiarios con frases como “¿Haber tomado ese crédito mató gente?”, mientras Caputo calificó la operación como “una mega oportunidad”. La Justicia deberá determinar si existió un esquema de privilegios que benefició a funcionarios mientras se impulsaba la privatización de la banca pública.
