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La investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se intensificó esta semana con la posible implicación de la escribana Adriana Nechevenko, quien validó las escrituras de dos inmuebles sin comprobar el origen de los fondos. El fiscal Gerardo Pollicita le preguntó por la procedencia del dinero utilizado en la compra de un departamento en Caballito, a lo que la notaria respondió: “Pregúntenle a él”. Esa falta de verificación podría derivar en una denuncia por incumplimiento de las normas antilavado.
El caso se complicó aún más con la declaración de dos prestamistas: una comisaria retirada de la Policía Federal y su hija, también integrante de la fuerza. Ambas confirmaron que entregaron 100 mil dólares en efectivo a Adorni, de los cuales aún adeuda 70 mil, bajo una garantía hipotecaria propuesta por Nechevenko. El funcionario comenzó a devolver el dinero en cuotas en efectivo, con un interés del 11%. Estos mecanismos, considerados inusuales en el mercado inmobiliario, refuerzan las sospechas de irregularidades.
La normativa vigente obliga a los escribanos a verificar el perfil económico de sus clientes y a denunciar operaciones sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF). En el caso de Adorni, considerado “persona políticamente expuesta”, las exigencias de control son aún mayores. Sin embargo, Nechevenko admitió que no pidió información adicional porque conoce al funcionario desde hace veinte años y confía en él. Expertos consultados advierten que este tipo de operaciones, con pagos mínimos y diferidos sin interés, son típicas maniobras de lavado de dinero.
El panorama se agrava con la citación de dos jubiladas que habrían vendido su vivienda a Adorni aceptando cobrar apenas un 15% del valor sin intereses, lo que podría configurar otra operación irregular. La fiscalía deberá analizar los documentos y testimonios para determinar si Nechevenko incurrió en incumplimientos legales y si Adorni se benefició de maniobras de enriquecimiento ilícito. La causa promete convertirse en un nuevo frente judicial para el gobierno libertario.
