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El gobierno nacional evalúa presentar un proyecto de ley que obligue a los periodistas a presentar declaraciones juradas de bienes, en un esquema similar al que rige para los funcionarios públicos. La propuesta surge en medio de la tensión entre Javier Milei y medios de comunicación, tras el enojo del presidente con una nota publicada por La Nación. Según trascendió, enviados oficiales ya tantearon a diputados kirchneristas para explorar apoyos, apelando a la histórica disputa de ese sector con la prensa.
La iniciativa se enmarca en una ofensiva más amplia contra el periodismo crítico. En redes sociales, usuarios alineados con la Casa Rosada difundieron supuestos domicilios de periodistas reconocidos, en una práctica de doxeo que derivó en causas judiciales. El gobierno también restringió el ingreso de acreditados de varios medios a la Casa Rosada, bajo el argumento de que sus publicaciones estaban financiadas por Rusia, algo que nunca fue comprobado.
Diputados de la oposición anticiparon su rechazo, calificando la propuesta como “un intento burdo de presión sobre el periodismo crítico y otra mala señal para la libertad de expresión”. El clima político se encuentra cargado desde el caso Adorni, que expuso inconsistencias en sus ingresos y gastos y que los hermanos Milei no logran sacar de la agenda pública. La ofensiva oficial busca, según analistas, desviar la atención de los problemas internos del gobierno.
En paralelo, algunos periodistas afectados relativizaron la medida, señalando que no tienen bienes que ocultar. “No tengo problema en presentar mi declaración jurada. Es una hoja en blanco con una firma”, ironizó uno de los profesionales impedidos de ingresar a la Casa Rosada. Sin embargo, la propuesta genera preocupación en el ámbito periodístico y político, al interpretarse como un intento de disciplinamiento y de limitar la libertad de prensa en un contexto de creciente confrontación entre el gobierno y los medios.
