TELEDIARIO.ar
Este miércoles, organizaciones de personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector se movilizarán al Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, en rechazo al proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, presentada como una medida contra el “fraude” en pensiones mal otorgadas, es cuestionada por el Foro Permanente Discapacidad y otras entidades, que denuncian que en realidad busca destruir el sistema de prestaciones y vulnerar derechos adquiridos.
Los colectivos advierten que el proyecto instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía la atención de la verdadera crisis: el atraso arancelario, los pagos irregulares y las deudas acumuladas que ponen en riesgo la continuidad de tratamientos. “Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis, necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”, expresó el Foro. Además, se alerta sobre el impacto de la reforma en el Nomenclador nacional, que fija los valores de las prestaciones y garantiza la igualdad en el acceso.
Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), señaló que “lo que no dicen es que están metiendo mano en el corazón del sistema, que es el Nomenclador”. Según explicó, su desregulación obligaría a cada institución a negociar aranceles con obras sociales y prepagas, generando desigualdad y desamparo para las familias más vulnerables. Julia Domínguez, psicopedagoga y miembro de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión, recordó que ya en 2024 se intentó avanzar en esa dirección, pero la movilización logró frenar el decreto.
La protesta también se enmarca en reclamos más amplios hacia la cartera de Salud, como la crisis en el PAMI, la escasez de vacunas, los recortes en residencias y la reforma inconsulta de la Ley de Salud Mental. Guadalupe Bargiela, de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), advirtió que los riesgos no son abstractos: “Implican la interrupción de tratamientos, la pérdida de ingresos esenciales y la dependencia de circuitos burocráticos que deshumanizan”. El sector exige la inmediata retirada del proyecto y la apertura de un diálogo real para garantizar la continuidad del sistema de prestaciones.
