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La investigación por el asesinato de Juan Carlos Rojas, exministro de Desarrollo Social de la provincia, sigue sin mostrar avances sustanciales. Desde su muerte en diciembre de 2022, ocurrida en su domicilio en la capital provincial, la causa ha estado marcada por demoras, pérdida de pruebas y cambios en las hipótesis de los fiscales. La familia del funcionario denuncia maniobras de encubrimiento y reclama que se esclarezca el crimen, que conmocionó a la sociedad catamarqueña.
El proceso judicial ha tenido giros inesperados. En un principio, la única imputada fue una exempleada doméstica, Silvina Nieva, acusada de homicidio agravado. Sin embargo, la Justicia ordenó su liberación por falta de pruebas contundentes, lo que profundizó las dudas sobre el rumbo de la investigación. Paralelamente, se realizaron pericias interdisciplinarias, reconstrucciones virtuales de la escena y nuevas inspecciones, pero ninguna de estas medidas logró aportar resultados definitivos.
La familia Rojas, acompañada por su abogado Iván Sarquis, insiste en que el crimen fue brutal y que se intentó ocultar la verdad bajo la hipótesis de una muerte natural. Los hijos del exministro han ampliado denuncias contra funcionarios policiales y exigen que se entregue información clave, como registros digitales y pericias completas. Mientras tanto, la causa permanece estancada, sin responsables identificados, lo que genera preocupación por la falta de justicia y transparencia en un caso de alto impacto político y social.
