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El presidente Javier Milei dispuso, mediante la decisión administrativa 20/2026, un recorte de fondos que afecta obras estratégicas en varias provincias que habían respaldado la reforma laboral y el presupuesto nacional. Los proyectos alcanzados incluyen el Acueducto Vipos en Tucumán, la planta depuradora de Rafaela en Santa Fe, el sistema de agua potable en Concordia, Entre Ríos, y el Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia en Chubut. En total, se trata de miles de millones de pesos destinados a infraestructura social básica, ahora suspendidos por el ajuste fiscal.
La medida, firmada por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, responde a la necesidad de cubrir un déficit superior a los 2.000 millones de dólares generado por la caída de la recaudación y la actividad económica. Sin embargo, el recorte contradice los compromisos asumidos por el gobierno con los mandatarios provinciales, quienes habían cedido apoyo legislativo a cambio de recursos. Pese a ello, la mayoría de los gobernadores eligió no confrontar y, en algunos casos, incluso buscaron justificar la decisión oficial.
Entre las voces más críticas se destacó la del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, cuya vocera advirtió sobre el impacto en hospitales y programas de salud. En contraste, otros mandatarios como Osvaldo Jaldo en Tucumán o Rogelio Frigerio en Entre Ríos evitaron cuestionar abiertamente al Ejecutivo. El silencio de los gobernadores aliados refleja la tensión entre la necesidad de mantener la relación con la Casa Rosada y el costo político de aceptar la paralización de obras esenciales para sus provincias.
