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Antofagasta de la Sierra vivió una semana marcada por la tensión social y política. Padres de la escuela primaria 449 tomaron el establecimiento y cortaron la ruta 43, utilizada por los camiones mineros, para reclamar por la insuficiencia de los fondos destinados a la alimentación de sus hijos. Tras dos días de protesta, el Gobierno provincial elevó la partida de $900 a $4.000 por alumno, lo que permitió destrabar el conflicto, aunque dejó expuesta la precariedad en la gestión local.
En paralelo, la senadora departamental Eliana Soriano se abstuvo de votar el convenio minero “Diablillos-Plata”, aprobado por mayoría en el Senado. La legisladora cuestionó el reparto 50-50 de la renta con Salta y denunció que la riqueza mineral de Antofagasta contrasta con la pobreza de su pueblo. Su abstención fue presentada como una “señal política” en defensa de los recursos catamarqueños y de la necesidad de que el desarrollo minero se traduzca en beneficios sociales reales.
El episodio reveló la paradoja de una comunidad rodeada de riqueza geopolítica y minera pero sumida en carencias básicas. Mientras las empresas explotan recursos de alto valor, los pobladores deben cortar rutas para garantizar la alimentación escolar. La protesta y la abstención legislativa dejaron en claro que Antofagasta exige participación, inversión y un cambio de rumbo en la gestión política para que la riqueza de la Puna se convierta en desarrollo humano y territorial.
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