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El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca emitió una circular con nuevas disposiciones obligatorias para los establecimientos educativos provinciales, orientadas a reforzar protocolos de seguridad, regular el ingreso de personas externas y proteger la intimidad de los estudiantes. La normativa, fechada el 19 de mayo, generó cuestionamientos políticos, especialmente de la diputada libertaria Laura Quintero.
El documento establece restricciones de ingreso a personas ajenas al sistema educativo, salvo autorización escrita de las autoridades competentes. También dispone la implementación de un libro de registro institucional para toda visita externa, donde deberán consignarse datos personales, motivo de ingreso y horario de permanencia. Además, ordena mantener cerradas las puertas y portones de acceso durante el horario escolar y prohíbe la captación de imágenes fotográficas o audiovisuales de estudiantes sin consentimiento escrito de padres o tutores. Según el Ministerio, estas medidas buscan “preservar el normal desarrollo del proceso de enseñanza y garantizar la integridad física, psíquica y social de los estudiantes y del personal”.
La diputada Quintero cuestionó la disposición al considerar que introduce mayores condicionamientos dentro de las escuelas. A través de sus redes sociales, sostuvo que la normativa profundiza los mecanismos de control y limita la posibilidad de registrar audiovisualmente situaciones dentro de las instituciones. Según su interpretación, el Ejecutivo busca restringir la visibilidad de las problemáticas educativas en lugar de resolver las dificultades estructurales. Además, denunció una contradicción en la aplicación de los criterios, señalando que las restricciones no se aplican cuando se trata de actividades oficiales o difusión institucional. “Lo más indignante es que después usan a los chicos para las fotos y los videos políticos del Gobierno de turno”, expresó.
El episodio reavivó el debate sobre el equilibrio entre seguridad escolar y libertad de expresión dentro de los establecimientos. Mientras el Ministerio defiende la necesidad de reforzar protocolos para proteger a los estudiantes, sectores de la oposición advierten que las medidas podrían convertirse en un mecanismo de control excesivo. La discusión se instala en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en las escuelas y la transparencia en la gestión educativa.
