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El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa condenó a una organización narco que operaba desde la cárcel U-4, con ramificaciones en Eduardo Castex y General Pico. La investigación reveló que los internos Ángel Ernesto Rito Moreno y Santiago Emanuel Soncini dirigían el negocio desde sus celdas, mientras que Pablo Martín Gómez Cortez viajaba a Córdoba para abastecerse de cocaína y marihuana. El fallo, firmado el 21 de mayo de 2026 por el juez Sebastián Luis Foglia, expuso cómo la banda lograba coordinar logística y recaudación desde prisión.
Entre los implicados figuran perfiles insólitos: Mariana Anahí Montero, empleada de Salud Pública en General Pico, organizaba entregas de cocaína durante su jornada laboral; Juan Antonio “Tony” Blanco Contreras, dueño de una rotisería en Eduardo Castex, usaba su comercio como fachada para distribuir droga; y Rocío Evelyn Pajón, de 28 años, vendía al menudeo en General Pico. Las escuchas telefónicas y pericias financieras mostraron un negocio millonario: Blanco transfirió más de 2,6 millones de pesos en tres meses y Gómez Cortez debía entregar 6,4 millones a los líderes presos.
El operativo final se concretó el 26 de marzo de 2025, cuando Gómez Cortez fue detenido en un Fiat Uno con un “ladrillo” de más de un kilo de cocaína. Los allanamientos posteriores permitieron secuestrar dinero, balanzas y dosis listas para la venta. En juicio abreviado, Gómez Cortez recibió seis años de prisión, mientras que Montero, Pajón y Blanco fueron condenados a cuatro años, con cumplimiento domiciliario bajo supervisión. La empleada de salud obtuvo permiso especial para continuar trabajando en el Hospital Centeno.
