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Belén Dávalos, integrante del ProDHCre (Profesiones por los Derechos Humanos y Contra la Represión Estatal), señaló que entre el 1 y el 24 de mayo se registraron más de 320 detenidos en La Paz y El Alto, de los cuales 221 fueron liberados, además de siete fallecidos. Según el testimonio, las visitas a celdas judiciales y comandos policiales confirmaron el uso excesivo de la fuerza y prácticas de tortura durante las detenciones y el tiempo de reclusión.
Los organismos reportaron casos graves, como el de un hombre de la tercera edad que sólo hablaba aimara y carecía de documentos, imputado por sedición y terrorismo sin pruebas ni debido proceso. También se denunciaron abusos contra mujeres, a quienes se les negó acceso a insumos de higiene menstrual y medicamentos, y que permanecieron más de tres días detenidas sin asistencia legal ni comunicación con familiares. Se advirtió además sobre un sesgo racial en las detenciones, donde personas fueron arrestadas por portar prendas tradicionales o por su color de piel.
Las organizaciones alertaron que no se trata de excesos aislados, sino de un patrón sistemático de criminalización de la protesta. Denunciaron que el gobierno busca instalar una narrativa de “violencia bilateral” para justificar la represión, mientras se prepara el terreno para un eventual estado de sitio tras la derogación de la Ley 1341. Los organismos exigieron la liberación inmediata de los detenidos y convocaron a la comunidad internacional a enviar comisiones de verificación para frenar la vulneración de derechos humanos en Bolivia.
