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El presidente ruso reunió a altos funcionarios, entre ellos el fiscal general Alexánder Gutsan, la viceprimera ministra Tatiana Gólikova y el jefe del Comité de Investigación, Alexánder Bastrykin, para analizar las medidas de apoyo a las familias afectadas y el curso de la investigación. Putin expresó sus condolencias y ordenó que se brinde máxima atención a cada víctima, subrayando que no había objetivos militares cerca del lugar atacado y que se trató de una acción deliberada.
El ataque ocurrió la madrugada del 22 de mayo, cuando varios drones impactaron contra un edificio y una residencia estudiantil en Starobelsk, donde se encontraban 86 jóvenes. La agresión mató a 21 personas, de las cuales 18 eran mujeres, y dejó más de 60 heridos. Según la comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova, los drones fueron lanzados en oleadas, incluso cuando los estudiantes huían y los rescatistas trabajaban en el lugar, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado por etapas.
El jefe de la República Popular de Lugansk, Leonid Pásechnik, denunció que el atentado fue dirigido contra niños y lo calificó como un acto terrorista. El Ministerio de Exteriores ruso lo describió como “bárbaro” y acusó a Occidente de silenciar la acción, señalando que se habría ejecutado con armas de largo alcance suministradas por la OTAN y asistencia técnica de especialistas extranjeros. Rusia abrió una investigación por terrorismo y reiteró que se trata de un crimen de guerra flagrante.
