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Las movilizaciones se desarrollan en seis de los nueve departamentos del país, con mayor concentración en Cochabamba y La Paz. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, existen 32 cortes de ruta en Cochabamba y 19 en La Paz, lo que ha generado un severo desabastecimiento de alimentos y combustibles. En la capital, cientos de conductores realizaron filas de hasta cuatro días para conseguir gasolina, mientras la escasez de productos básicos disparó los precios en mercados y comercios.
La tensión social supera ya los 30 días y se agravó tras la decisión de la Asamblea Legislativa, dominada por la derecha, de anular la ley que limitaba la declaración del estado de excepción. Esta medida dejó al Ejecutivo con vía libre para incorporar a las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas. Las organizaciones denuncian que el gobierno busca restaurar un “Estado neocolonial” y que utiliza la persecución judicial como herramienta de disciplinamiento, evidenciada en la orden de captura contra Mario Argollo, principal dirigente de la COB.
Los intentos de mediación impulsados por la Iglesia católica, la Vicepresidencia y la Defensoría del Pueblo se encuentran estancados. Desde la Defensoría se advirtió que el lenguaje de confrontación y amenazas empleado por voceros gubernamentales dinamita cualquier posibilidad de acercamiento. Mientras tanto, las principales ciudades sufren la falta de alimentos, combustibles e insumos médicos, en un escenario de creciente conflictividad que mantiene en vilo al país y presiona por la renuncia de Rodrigo Paz.
