Diputada Ponferrada critica eliminación del Ministerio de las Mujeres

La diputada provincial Natalia Ponferrada protagonizó una de las intervenciones más fuertes en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, al vincular el femicidio de Agostina, una adolescente de 14 años, con el desmantelamiento de las políticas de género por parte del Gobierno Nacional. Con un discurso cargado de dolor y crítica, la legisladora catamarqueña sostuvo que el crimen no puede analizarse de manera aislada, sino como consecuencia directa del abandono de las herramientas estatales destinadas a prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

Ponferrada denunció que la eliminación de programas de asistencia y la disolución del Ministerio de las Mujeres responden a una decisión ideológica que deja en situación de desprotección a quienes más necesitan acompañamiento. Señaló que el retiro de recursos y la deslegitimación de marcos legales como la figura del femicidio en el Código Penal forman parte de una política deliberada que debilita la capacidad del Estado para enfrentar la violencia de género.

Durante su intervención, recordó declaraciones del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona sobre la intención de eliminar la figura del femicidio bajo el argumento de igualdad ante la ley. Frente a ello, defendió la necesidad de mantener esta categoría penal como herramienta técnica para describir una realidad específica: la violencia extrema contra las mujeres.

La diputada cuestionó además la mirada economicista aplicada a las políticas sociales, al afirmar que “las políticas sociales no son mercancía” y que detrás de cada programa existen personas en situación de vulnerabilidad que requieren asistencia. En ese sentido, contrastó la retórica oficial de “defensa de la vida desde la concepción” con la falta de protección hacia quienes ya nacieron y enfrentan dificultades como jubilados sin medicamentos, personas con discapacidad y niños que asisten a la escuela sin desayunar.

Ponferrada advirtió también sobre el impacto de los discursos agresivos emitidos desde espacios de poder, al señalar que la naturalización del insulto y la violencia verbal contribuye a consolidar una cultura del agravio que puede derivar en violencia física. Vinculó esa dinámica con la persistencia de los femicidios y con la deslegitimación de las políticas de protección.

En el tramo final de su exposición, criticó los “silencios ensordecedores” de dirigentes que eligieron alinearse con el oficialismo nacional y consideró que la falta de pronunciamiento constituye una forma de complicidad. “El silencio no es neutralidad, es complicidad”, afirmó.

Como cierre, sostuvo que la responsabilidad de los legisladores es hablar cuando el poder calla y recordar cuando el poder olvida. “Hoy hablamos por una niña que ya no puede hacerlo”, concluyó. Su intervención convirtió el femicidio de Agostina en el eje de un debate más amplio sobre el rol del Estado, la continuidad de las políticas públicas de protección y la responsabilidad institucional frente a la violencia de género.