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En la tarde del domingo, policías vestidos de civil y fuertemente armados interceptaron y gasificaron el vehículo en el que se trasladaban los dirigentes sindicales. Los detenidos fueron identificados como Limber Onofre Sánchez, Patricia Sánchez Ramos, Hever Gonzalo Bravo Tacuari, Sergio David Onofre Arispe y Evelio Ramos Chacaca. La Central Obrera Boliviana denunció que se trata de un secuestro y exigió la liberación inmediata de sus representantes, señalando que se trata de un ataque directo contra los trabajadores organizados.
El operativo se produce en un contexto de creciente tensión política. Aunque el presidente Rodrigo Paz no ha decretado formalmente un Estado de Sitio, distintos sectores denuncian que las acciones represivas del gobierno equivalen a un estado de excepción encubierto. En San Julián, paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista, junto a policías y militares, atacaron a pobladores y vecinos, saqueando viviendas y cometiendo abusos, incluso con denuncias de intento de violación, todo bajo la mirada de las fuerzas de seguridad. Estos hechos han sido interpretados como parte de una política de persecución contra sectores obreros y campesinos.
Organizaciones sindicales como el sindicato mixto de trabajadores mineros de Huanuni y los trabajadores de Colquiri llamaron a iniciar un paro de labores y movilizarse hacia La Paz para exigir la liberación de los detenidos. Desde La Izquierda Diario se denunció que estas medidas responden a una política impulsada por el imperialismo norteamericano y el gobierno de Paz, al que califican de antiobrero, antinacional y proimperialista. La situación ha encendido las alarmas en todo el movimiento obrero boliviano, que evalúa acciones de resistencia frente a lo que consideran un ataque sistemático contra las libertades democráticas.
La detención de los cinco dirigentes de la COB marca un nuevo capítulo en la escalada de violencia política en Bolivia y refuerza el clima de confrontación entre el gobierno y las organizaciones sociales. La exigencia de libertad inmediata se ha convertido en un reclamo central de sindicatos y movimientos populares, que advierten que la represión no hará más que profundizar la crisis política y social que atraviesa el país.
