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La última publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo 2026 registró un incremento significativo, impulsado principalmente por el aumento en alimentos básicos y servicios regulados. Según el informe, los productos de la canasta alimentaria fueron los que más subieron, afectando directamente a los sectores de menores ingresos. A su vez, las tarifas de electricidad, gas y transporte tuvieron un ajuste que presionó aún más la inflación mensual.
Especialistas consultados advirtieron que la metodología aplicada por el INDEC, basada en los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO), no refleja con fidelidad la realidad de los sectores más vulnerables. Señalan que, al asignar menor peso a los alimentos dentro del cálculo general, se minimiza el impacto que estos aumentos tienen en las familias que destinan la mayor parte de sus ingresos a la comida. Esta crítica se suma a la percepción de que las cifras oficiales buscan mostrar una desaceleración que no se siente en la vida cotidiana.
En paralelo, organizaciones sociales alertaron que la inflación en alimentos está generando un escenario de emergencia, con un aumento en la inseguridad alimentaria y en la pobreza estructural. Los incrementos en productos esenciales como leche, pan y carne se traducen en un deterioro del poder adquisitivo que no logra ser compensado por las paritarias. El debate sobre la transparencia de las estadísticas oficiales se intensifica, mientras la población enfrenta una inflación que redefine prioridades y profundiza la desigualdad.
