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El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) difundió su informe anual 2025 y señaló a Catamarca como una de las provincias donde se registran prácticas sistemáticas de violencia institucional en el sistema penitenciario. El documento describe golpizas, sujeciones físicas, medicación forzada y uso indiscriminado de armas menos letales, en un contexto donde la provincia carece de un mecanismo local de control. Según el relevamiento, Catamarca cuenta con 511 personas privadas de libertad, aunque no se especifican los establecimientos.
El organismo incluyó a la provincia entre las jurisdicciones con testimonios de agresiones físicas y métodos de sujeción dentro de los espacios de encierro. El informe detalla que estas prácticas no son aisladas, sino parte de un patrón institucionalizado que se repite en distintas cárceles del país. En Catamarca, uno de los hallazgos más graves es la aplicación de golpizas como represalia frente a reclamos de los detenidos, en un sistema donde los canales formales para presentar solicitudes o ejercer derechos resultan poco claros y, en muchos casos, terminan en represión.
El CNPT recogió testimonios que describen episodios ocurridos en un sector conocido como “la torre”, donde las víctimas fueron suspendidas de sus extremidades superiores o sometidas a la posición denominada “barquito”, esposadas de pies y manos por la espalda y boca abajo, permaneciendo en esa condición durante horas. Estas prácticas fueron señaladas como violaciones graves a los derechos humanos.
El informe también advierte sobre la medicalización forzada, identificada en Catamarca aunque con menor frecuencia que en otras provincias. Se trata de la aplicación de sujeciones mecánicas o químicas sin criterio médico, combinadas con agresiones físicas. Personas inmovilizadas en camas o camillas fueron obligadas a ingerir medicación o recibir inyecciones que provocaban somnolencia. Esta modalidad, más extendida en Córdoba, también fue registrada en Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones y Catamarca.
Otro aspecto señalado es el uso indebido de armas menos letales en situaciones de conflicto o protesta colectiva. El CNPT documentó el ingreso de grupos de requisa a los pabellones disparando balas de goma y arrojando aerosoles químicos irritantes de manera indiscriminada, afectando a toda la población, incluso a quienes no estaban involucrados en los hechos. Catamarca figura en la lista junto a Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Río Negro, La Rioja, Mendoza, Salta, Santa Fe, Tucumán y el Servicio Penitenciario Federal.
El informe también relevó muertes bajo custodia. En Catamarca se registró una en 2022, otra en 2023 y dos en 2024, con una tasa que pasó de 1,9 a 3,7 cada mil personas privadas de libertad en apenas dos años. A nivel nacional, entre 2022 y 2024 las muertes bajo custodia aumentaron un 15,3%, en paralelo al crecimiento de la población encarcelada. El CNPT subraya que la tasa de mortalidad en personas menores de 40 años duplica la de la población general de esa franja etaria.
El organismo concluye que las prácticas relevadas —golpizas, sujeciones, medicación forzada y uso de armas menos letales— son institucionalizadas, sistemáticas y regulares, alcanzando a numerosas personas en distintas jurisdicciones. Lo que ocurre en Catamarca, advierte el informe, no constituye una excepción, sino parte de un patrón extendido en el sistema penitenciario argentino.
