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La Misión Humanitaria que se dirigía a Bolivia con el objetivo de investigar denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las protestas recientes fue impedida de ingresar al país y deportada ilegalmente. Al regresar a Buenos Aires, los integrantes de la delegación ofrecieron una conferencia de prensa en el aeropuerto de Ezeiza, donde señalaron que la decisión del gobierno boliviano constituye un acto antidemocrático y represivo. La medida fue calificada como un intento de silenciar las denuncias sobre la violencia estatal contra la población movilizada.
En la conferencia estuvieron presentes los diputados Nicolás Del Caño, Christian Castillo y Patricio del Corro, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), junto a referentes estudiantiles y de derechos humanos como Luca Bonfante, secretario general del CEFyL-UBA. Los oradores remarcaron que la deportación no solo vulnera derechos básicos, sino que busca impedir la solidaridad internacional con el pueblo boliviano en un momento de fuerte conflictividad social.
Los integrantes de la misión subrayaron que su objetivo era documentar y visibilizar las denuncias de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en Bolivia. En ese sentido, denunciaron que la decisión del gobierno de Rodrigo Paz responde a una política de ocultamiento y persecución, que pretende evitar que organismos y delegaciones independientes registren la situación en el país. La conferencia se convirtió en un acto de denuncia pública y de respaldo a la lucha de los sectores populares bolivianos.
Finalmente, los referentes presentes convocaron a una movilización en apoyo al pueblo de Bolivia y en repudio a la deportación de la delegación humanitaria. La concentración se realizará en el Obelisco, como parte de una campaña de solidaridad internacional. Los dirigentes remarcaron que la defensa de los derechos humanos no reconoce fronteras y que la comunidad internacional debe exigir el cese de la represión y el respeto a las libertades democráticas.
