TELEDIARIO.arEn declaraciones previas a la sexta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, Galán aseguró que la denunciante no puede ser considerada vulnerable debido a que posee bienes de alto costo, lo que, según él, contradice la figura de vulnerabilidad que se le atribuye en el expediente judicial. Estas palabras fueron interpretadas como un intento de desacreditar a la víctima y minimizar la gravedad de las acusaciones, lo que generó rechazo en distintos sectores políticos y sociales.
El legislador del MID enfrenta un escenario complejo: además de las denuncias por delitos sexuales, la Justicia investiga un posible peculado de servicios, ya que empleados de la Legislatura habrían trabajado en su negocio privado, el Corralón San Javier. A esto se suman testimonios de otras denunciantes que relataron situaciones de acoso y hostigamiento, lo que refuerza la presión sobre el diputado para que se aparte de su banca y enfrente el proceso judicial sin fueros.
Mientras tanto, la Cámara de Apelaciones debe resolver los planteos de nulidad presentados por la defensa de Galán, que busca frenar el desafuero. En paralelo, referentes de la oposición y organizaciones sociales cuestionaron duramente sus declaraciones, señalando que poner en duda la vulnerabilidad de una denunciante es un acto de violencia simbólica y política. El caso sigue generando tensión institucional y mantiene en vilo a la Legislatura catamarqueña, donde se discute el futuro del diputado.
La situación de Galán refleja un conflicto más amplio sobre la relación entre poder político y justicia en Catamarca. Sus intentos de desacreditar a las denunciantes y de frenar el avance de las causas en su contra han sido interpretados como maniobras para sostener su lugar en la política, mientras crece la presión social por transparencia y rendición de cuentas. El desenlace de este proceso será clave para definir no solo el futuro del legislador, sino también la credibilidad institucional en la provincia.
