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En el Congreso de la Nación ingresó el anteproyecto de ley S-0913/2026, impulsado por el senador Guillermo Andrada, de Catamarca, junto a Carolina Moisés, de Jujuy, ambos del bloque Convicción Federal. La propuesta establece el derecho de toda persona a solicitar ayuda para morir dignamente, fundamentado en el respeto a la autonomía del paciente y la prohibición de tratos crueles o degradantes. El texto contempla dos modalidades: la administración directa de una sustancia por parte de un médico o la prescripción para que el paciente la autoadministre, en ambos casos con certificación profesional del fallecimiento.
El proyecto fija requisitos estrictos para acceder a la prestación: padecer una enfermedad grave e incurable con pronóstico fatal o sufrimientos físicos o psíquicos intolerables; ser ciudadano argentino o residente legal por al menos un año; y presentar un pedido voluntario, escrito y firmado, en el que se reconozca la existencia de cuidados paliativos y se renuncie a ellos. También se prevé la aplicación de la medida en pacientes con pérdida de facultades cognitivas si existe un documento previo de directivas médicas anticipadas. En el caso de menores, los mayores de 16 años podrán consentir, mientras que los menores de esa edad deberán hacerlo bajo un régimen de consentimiento informado.
Para evitar arbitrariedades, la iniciativa establece un procedimiento con múltiples controles: un proceso deliberativo inicial de 15 días con acompañamiento médico y psicológico, una segunda solicitud ratificada por escrito, la evaluación de un médico consultor independiente y la validación final de la Comisión Nacional de Garantía y Evaluación, integrada por médicos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Solo con la resolución favorable de este ente se podrá autorizar la práctica, que deberá realizarse en un plazo máximo de siete días. Además, la norma garantiza cobertura gratuita en todo el sistema de salud y reconoce la objeción de conciencia de los profesionales, obligando a derivar al paciente en tiempo y forma.
Finalmente, el proyecto incluye una reforma al artículo 83 del Código Penal, estableciendo que no será delito prestar asistencia en el marco de prácticas eutanásicas permitidas. Los médicos que actúen conforme a la ley quedarán exentos de responsabilidad civil, penal o administrativa, y el fallecimiento será considerado como muerte natural a efectos jurídicos. Con esta iniciativa, los legisladores buscan abrir un debate profundo sobre el derecho a decidir el final de la vida en condiciones de dignidad y respeto.
