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El proyecto, que llega al Senado tras intensas negociaciones políticas, busca dar “tranquilidad al capital privado” y atraer inversiones extranjeras. Entre sus puntos centrales se destacan mayores obstáculos legales para que el Estado pueda expropiar terrenos, mecanismos que agilizan los desalojos y la derogación del tope que impedía que extranjeros adquirieran más del 15% del territorio en cada distrito. Según el ministro Federico Sturzenegger, fondos soberanos de países árabes estarían dispuestos a invertir miles de millones en el agro argentino si se eliminan las restricciones.
La oposición y especialistas en soberanía advierten que la medida expone al país a la compra masiva de tierras estratégicas, especialmente en la Patagonia, por parte de grandes conglomerados internacionales. El caso emblemático es el del Grupo Benetton, que ya posee vastas extensiones en la región y se perfila como uno de los principales beneficiados de la reforma. Además, la Patagonia concentra una gran proporción de los recursos hídricos del país, lo que convierte a la región en un punto crítico de debate sobre el futuro control de bienes naturales esenciales.
El avance del proyecto fue posible tras la salida de Manuel Adorni como vocero presidencial, lo que destrabó las negociaciones en el Congreso. Diego Santilli asumió el rol de operador parlamentario y logró acuerdos con gobernadores para garantizar el tratamiento en el Senado. La iniciativa no solo representa una reforma económica, sino también una reconfiguración del poder interno en el oficialismo y una señal hacia los capitales extranjeros. La votación en la Cámara Alta definirá si la tierra argentina mantiene límites de propiedad nacional o se abre sin restricciones al capital foráneo.
