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El jueves pasado, fuerzas policiales y judiciales desplegaron un impresionante operativo en el puesto La Pastora, jurisdicción de Alijilán, departamento Paclín. Participaron efectivos de la División Abigeato, Policía Montada, grupos especiales y drones, quienes irrumpieron en viviendas de la familia Montivero y otros pobladores rurales. El procedimiento culminó con el secuestro de más de 50 cabezas de ganado y caballos, trasladados en un camión jaula, y con la detención de varias personas bajo sospecha de integrar una organización dedicada al robo de animales.
Sin embargo, apenas 24 horas después, el operativo comenzó a desmoronarse. Los propietarios lograron acreditar documentalmente la legítima procedencia de la hacienda, motivo por el cual la totalidad de los animales fue restituida. Lo que había sido anunciado como un golpe contra el delito rural se transformó en un caso cuestionado, con denuncias que apuntan a irregularidades en el accionar policial y judicial.
Las acusaciones fueron presentadas por vecinos como Luis Bautista Montivero, Alexander Sebastián Uriel Guerrero y Manuel René Navarro. Según sus testimonios, durante los procedimientos fueron amenazados, golpeados y presionados para admitir vínculos con una supuesta banda de cuatreros. Montivero denunció que el jefe de Abigeato, identificado como Márquez, ingresó al predio preguntando por una vaca y luego intimidó a su familia, además de secuestrarle un caballo, su teléfono celular y otros bienes que no le fueron devueltos.
Por su parte, Guerrero aseguró que efectivos esposaron a integrantes de su familia, que un funcionario judicial golpeó a uno de sus tíos y que el propio jefe de Abigeato agredió físicamente a un primo. También denunció el secuestro de su teléfono celular. Estas presentaciones judiciales abrieron una nueva línea de investigación que pone bajo la lupa el accionar de las fuerzas de seguridad y funcionarios intervinientes.
El caso, que comenzó como un operativo contra el abigeato en una zona rural de difícil acceso, terminó convertido en un escándalo judicial y policial. La restitución de los animales y las denuncias de violencia y procedimientos irregulares cuestionan la legitimidad de la actuación oficial y reavivan el debate sobre la seguridad rural y el respeto a las garantías constitucionales en Catamarca.
