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El Plenario del Sindicalismo Combativo y diversas organizaciones piqueteras anunciaron su participación en la jornada de movilización convocada para este miércoles 22 de julio por la CGT y las CTA, aunque aclararon que se desplegarán mediante una columna independiente de las conducciones sindicales tradicionales. La medida busca visibilizar el rechazo a la política económica gubernamental, marcada por despidos masivos, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el avance de proyectos de reforma laboral.
Según señalan los convocantes, la convocatoria general refleja el descontento social acumulado frente al ajuste oficial. Sin embargo, cuestionan el rol de las cúpulas gremiales, a las que acusan de sostener protestas aisladas mientras negocian con las cámaras patronales y las autoridades del Ejecutivo modificaciones a los convenios colectivos de trabajo. Ante este escenario, el sector combativo impulsa la exigencia de un paro activo nacional y un plan de lucha continuo.
El reclamo se fundamenta en recientes datos e informes económicos. De acuerdo con el último reporte del Indec sobre distribución del ingreso, más de 10,5 millones de personas perciben ingresos inferiores a $1.500.000 mensuales, un monto que no logra cubrir el valor de la Canasta Básica Total, registrada en $1.469.767 en abril. La problemática afecta de manera directa a los trabajadores formales, ya que más de la mitad de quienes sufren privaciones básicas forman parte del empleo asalariado registrado.
El deterioro del salario real también queda evidenciado en las mediciones inflacionarias más recientes. En mayo, los salarios de los trabajadores registrados experimentaron un incremento del 1,8%, quedando por debajo de la inflación del 2,1% registrada en el mismo período. Desde septiembre del año pasado, la pérdida acumulada en el poder de compra se sitúa en un 4,2%, acumulando reducciones del 3,6% en el sector privado y del 17,8% en el sector público en comparación con noviembre de 2023.
A esta situación se suma el agravamiento de los conflictos laborales a nivel provincial. Sectores como la docencia y los empleados estatales enfrentan paritarias a la baja y ajustes presupuestarios aplicados por las gobernaciones, lo que perfila un incremento en las medidas de fuerza de la masa laboral en las distintas jurisdicciones tras el receso invernal.
El panorama ocupacional registra un severo impacto en la creación de empleo. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se contabilizó la destrucción de 140.659 puestos de trabajo formales, distribuidos entre más de 108.000 bajas en el ámbito privado y más de 36.000 en la administración pública, como consecuencia directa del achicamiento del personal en las empresas y la reestructuración de dependencias estatales.
Para los sectores sindicales en marcha, la caída salarial y el aumento de la desocupación constituyen el mecanismo central con el que se busca condicionar a la clase trabajadora e imponer una flexibilización de las condiciones de contratación. Argumentan que el objetivo final de estas medidas es la reducción permanente del costo laboral para favorecer la rentabilidad empresarial.
Paralelamente, las agrupaciones sociales denuncian un fuerte impacto en los sectores más vulnerables debido a la discontinuación del programa Volver al Trabajo. Esta medida afecta a trabajadores precarizados que sostienen comedores, merenderos e iniciativas comunitarias en los barrios populares, mientras se sostienen los compromisos financieros e incentivos dirigidos a los grandes grupos económicos y al Fondo Monetario Internacional.
En respuesta a esta coyuntura, las organizaciones piqueteras desarrollarán una Jornada Nacional de Lucha que incluirá cortes de ruta, asambleas y movilizaciones a lo largo del país. Las agrupaciones destacan la convergencia entre los reclamos de los trabajadores ocupados, los desocupados y las agrupaciones de jubilados, quienes sostienen protestas semanales contra los haberes mínimos golpeados por el costo de vida.
Ante la falta de una huelga general por parte de la burocracia sindical, la propuesta del Plenario del Sindicalismo Combativo contempla un paro activo nacional de 36 horas como punto de partida. Entre los puntos exigidos se destacan la prohibición de despidos y suspensiones, el reparto de horas de trabajo sin rebaja salarial, la apertura urgente de paritarias, un haber mínimo equivalente a la canasta familiar con actualización automática por inflación, la defensa de los convenios colectivos y la restitución de la asistencia social para desocupados y jubilados.
