TELEDIARIO.ar
Diversas organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y familiares de víctimas en Perú han manifestado su rotundo rechazo al inminente retorno del fujimorismo al poder. Los sectores movilizados denuncian que la figura de Keiko Fujimori representa la reivindicación de un régimen dictatorial y de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la década de los noventa. Asimismo, cuestionan profundamente la legitimidad del proceso electoral actual, argumentando que existieron múltiples irregularidades y anomalías consentidas por los organismos electorales, lo cual vulnera de manera directa la voluntad popular expresada en las urnas.
Los representantes de los movimientos sociales también han señalado que el fujimorismo ha encabezado históricamente pactos de carácter mafioso desde el Congreso, manteniendo una dinámica de control político durante los últimos años. A pesar de que las autoridades electorales proclamaron los resultados de la segunda vuelta, diversas agrupaciones insisten en que las irregularidades detectadas, particularmente en el voto del extranjero, ponen severamente en duda la transparencia y legalidad de dichos comicios. Debido a este escenario de tensión política, los líderes sociales han descartado tajantemente cualquier posibilidad de diálogo con la mandataria electa.
La negativa a entablar conversaciones se fundamenta en la falta de voluntad política evidenciada para derogar las leyes consideradas procrimen y para instalar comisiones de investigación independientes que esclarezcan las masacres y asesinatos cometidos durante las recientes protestas sociales. Los familiares de las víctimas exigen justicia y verdad antes de considerar cualquier intento de reconciliación nacional, enfatizando que la defensa de la vida de sus seres queridos sigue siendo su principal estandarte frente a la impunidad institucional.
Como respuesta directa a la investidura presidencial, el Frente Patriótico y diversas agrupaciones anunciaron una gran movilización nacional para finales de julio. Esta protesta tiene como objetivos principales la defensa de la democracia, la exigencia de justicia para los caídos y la reparación integral a los afectados por la represión estatal. Con estas acciones en las calles, los sectores populares reafirman su postura de resistencia frente a un gobierno que consideran ilegítimo y ajeno a las demandas de las mayorías trabajadoras del país.
