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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció formalmente una nueva estrategia judicial y política tras su condena en la denominada causa «Vialidad», la cual incluyó una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A través de una extensa carta abierta titulada «El costo democrático de la politización de la justicia», la exmandataria confirmó que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para someter el accionar de los tribunales locales al escrutinio internacional. En el texto, difundido en distintos medios nacionales e internacionales, enfatizó que el proceso busca principalmente su proscripción política y denunció la subsistencia de un sesgo estructural dentro del sistema judicial argentino.
Bajo la premisa de que «la proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal» y que la privación de la libertad por seis años funciona únicamente como una medida accesoria, la ex jefa de Estado sostuvo que el objetivo central de estas decisiones es impedir que una parte del electorado pueda volver a elegir libremente el proyecto político que representa. Asimismo, encuadró el fallo dentro de una dinámica de persecución regional y global dirigida contra líderes populares, cuestionando la pérdida de garantías constitucionales y la imparcialidad de los magistrados que condujeron su juzgamiento en el ámbito local.
Para llevar adelante esta presentación formal ante el organismo multilateral con sede en Ginebra, la exmandataria oficializó la incorporación de dos juristas de reconocida trayectoria internacional a su equipo de defensa. Se trata del abogado español Javier Borrego, quien se desempeñó como exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y del académico brasileño Rafael Valim, especialista en derecho administrativo y fenómenos de lawfare. Ambos letrados tendrán a su cargo la articulación de los reclamos vinculados a las violaciones al debido proceso y al ejercicio de los derechos políticos.
La estrategia legal ante el sistema internacional busca que el Comité de Derechos Humanos analice la admisibilidad de la comunicación individual y evalúe si el Estado argentino cumplió con los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con este paso, el kirchnerismo traslada la discusión sobre la legalidad de la condena y la inhabilitación permanente a los foros globales, marcando un nuevo capítulo en la confrontación política y jurídica que rodea a la exasistente institucional del país.
