TELEDIARIO.ar
Comunidades académicas, científicos y gremios universitarios se movilizan de forma masiva este miércoles hacia el Obelisco y en diversos puntos del país en el marco de una jornada nacional de protesta y huelga universitaria. La convocatoria, organizada bajo la premisa de defender la educación pública y la soberanía científica argentina, surge como respuesta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno nacional, norma que cuenta con respaldo del Congreso y la Justicia pero acumula casi 300 días de inobservancia por parte de las autoridades.
El conflicto responde a una crisis estructural provocada por un acelerado recortes de fondos que ubica la inversión pública en ciencia y tecnología en su nivel más bajo registrado en los últimos 55 años. Según estimaciones del Grupo de Economía Política Ciencia (EPC-CIICTI), la ejecución presupuestaria del sector registrará una caída real proyectada del 45,7% respecto a los niveles de 2023, reduciendo la partida científica al 0,154% del PBI, una cifra históricamente inferior inclusive a la registrada durante la última dictadura militar de 1976 o el período presupuestario de 2001.
El desfinanciamiento incide de manera crítica en la operatividad de organismos estratégicos del Estado como el CONICET, la CNEA, la CONAE, el INTA y el INTI, sumados a una reducción drástica en la Agencia I+D+I, que ha perdido cerca del 88% de sus recursos en el último trienio. Esta parálisis presupuestaria ha provocado la cancelación masiva de becas, la paralización de proyectos de desarrollo de alta complejidad y la degradación institucional del área científica a una subsecretaría actualmente acéfala.
A la perdida presupuestaria se le suma una acelerada fuga de cerebros, la precarización salarial de investigadores y docentes, y el intento de traspaso o privatización de tierras e iniciativas del ámbito público a sectores corporativos extranjeros. Dirigentes del sector calificaron el escenario actual como la peor crisis de la ciencia en democracia, advirtiendo que la desarticulación del sistema compromete de forma directa el desarrollo soberano y el futuro de la Argentina.
