El régimen libertario de MIlei desvía más de $1 billón de fondos viales para sostener el superávit y negociar con gobernadores

El Gobierno nacional mantiene inmovilizados en instrumentos financieros más de un billón de pesos provenientes del Impuesto a los Combustibles, fondos que por ley deben ser canalizados hacia la reparación y construcción de la red vial nacional. A través del Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo retiene estos recursos destinados al Sistema Vial Integrado (SisVial) con el propósito de cubrir el déficit fiscal y disponer de una caja discrecional orientada a negociar respaldos políticos con las administraciones provinciales en el Congreso de la Nación.

Según datos contables oficiales divulgados tras una investigación periodística, durante los últimos dos años y medio el SisVial logró recaudar más de $1,5 billones, pero únicamente una cuarta parte de ese monto fue ejecutada en obras de infraestructura. Esta falta de inversión derivó en un nivel de subejecución presupuestaria que supera el 73%, lo que se tradujo en que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentren actualmente en estado regular o malo, dejando sin intervenir aproximadamente 25.000 kilómetros de caminos en todo el país.

El desvío de estos fondos específicos, protegidos legalmente por el Decreto 976/01, fue reconocido por voceros del propio Palacio de Hacienda bajo el argumento de priorizar la meta de equilibrio fiscal. Sin embargo, los registros de transferencias revelan un patrón de giros hacia las provincias alineado con el calendario legislativo, donde más de la mitad de las erogaciones para obras públicas concentradas entre enero y mayo coincidieron de manera directa con jornadas clave de votación en las cámaras parlamentarias.

Además del impacto en la seguridad vial y el incremento del riesgo de accidentes para miles de automovilistas, la paralización de los proyectos viales generó pérdidas masivas de puestos de trabajo en el sector de la construcción y derivó en olas de despidos dentro de Vialidad Nacional. Mientras la gestión central justifica el freno a la obra pública como una medida anticorrupción, la colocación de recursos específicos en plazos fijos y títulos públicos continúa alimentando la especulación financiera a costa del deterioro de la infraestructura nacional.