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La secretaria general de la Agremiación de Docentes de Catamarca (ATECA), Alejandra Reales, tomó distancia del escándalo judicial que investiga la supuesta emisión y adulteración de títulos en el Instituto de Educación Superior (IES) "Clara J. Armstrong". Ante los cuestionamientos por la falta de una postura enérgica por parte del sindicato, la referente gremial argumentó que la causa se encuentra en manos de los tribunales y que corresponde exclusivamente a la Justicia determinar las responsabilidades del caso, remarcando que la entidad no interferirá en los tiempos ni en los dictámenes procesales.
En sus declaraciones, Reales afirmó de manera rotunda que no dispone de ningún tipo de documentación o prueba formal vinculada a las irregularidades denunciadas, limitándose su conocimiento a lo difundido a través de los medios de comunicación. Como justificación a este desconocimiento, la dirigente explicó que su labor cotidiana está completamente concentrada en la agenda gremial, la cual incluye su participación en un proceso electoral a nivel nacional —con recientes recorridas por provincias vecinas como La Rioja— y las negociaciones paritarias activas para la confección de los listados de titularizaciones docentes.
Asimismo, la titular del gremio descartó por el momento que ATECA se constituya como parte querellante en el expediente judicial, alegando que no puede asumir ese rol legal en un hecho del cual no tiene precisiones ni antecedentes directos. Detalló además que una medida de esa índole requeriría una consulta formal previa con el equipo legal de la entidad, un trámite que hasta la fecha no se ha iniciado al considerar que el sindicato no posee elementos que lo involucren directamente en las maniobras investigadas.
Por último, Reales diferenció la posición institucional de ATECA respecto a la adoptada por otros sindicatos del sector educativo catamarqueño que sí promovieron denuncias penales por este fraude. Al ser consultada sobre si no correspondía intervenir en defensa y representación de la docencia afectada, la secretaria general reiteró que carece de pruebas o herramientas fácticas para impulsar una acusación judicial por iniciativa propia, ratificando su decisión de mantenerse al margen del proceso penal.
