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El Gobierno nacional se prepara para dar una fuerte batalla legislativa en septiembre con el objetivo de impulsar la reforma política que contempla la eliminación o suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa, ratificada en la Cámara Alta por la senadora Patricia Bullrich para ser tratada en comisiones en las próximas semanas, busca instalarse en el centro de la agenda pública mientras la Casa Rosada diseña su estrategia para blindar acuerdos electorales y parlamentarios de cara a los comicios de 2027.
En paralelo al anuncio, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezó negociaciones clave tanto con los mandatarios de la región centro —Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora— como con la cúpula del PRO encabezada por Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Mientras los gobernadores reclaman por obras públicas, tarifas energéticas y la continuidad de beneficios como la Zona Fría, los dirigentes del partido amarillo mantienen una postura cauta y advierten que no tienen una decisión tomada sobre las PASO, al tiempo que evalúan el armado territorial distrito por distrito.
El camino parlamentario se presenta complejo ante las exigencias de bloques aliados y la resistencia férrea de la oposición. Desde sectores vinculados a los gobernadores patagónicos condicionan el debate a la inclusión del proyecto de Ficha Limpia, al tiempo que el peronismo rechaza de plano cualquier modificación del sistema electoral bajo el argumento del gasto fiscal, defendiendo a las primarias como la herramienta legítima para dirimir liderazgos internos frente a la ciudadanía.
La pulseada política coincide con un delicado escenario socioeconómico marcado por recientes informes de la UCA sobre empleo y pobreza, y con la inminente presentación del proyecto de Presupuesto en el Congreso. En este contexto, el oficialismo intentará equilibrar las transferencias de recursos y las demandas provinciales con el ministro Luis Caputo en el centro de la escena, buscando utilizar la discusión de la reforma electoral y el financiamiento partidario como eje de negociación ante las provincias.
