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El esquema económico del gobierno nacional atraviesa un escenario de creciente tensión marcado por el atraso cambiario, la contracción del consumo interno y una acelerada dolarización de carteras en el mercado financiero. De acuerdo con informes privados y del sector productivo, la fijación del dólar en torno a los $1.500 ha erosionado la rentabilidad de actividades clave como el agro, la industria, el comercio y la construcción, profundizando una dinámica donde la desaceleración inflacionaria convive con caídas sostenidas en las ventas y un marcado deterioro en los niveles de morosidad de las familias y empresas. En este marco, durante julio la compra de divisas alcanzó los 3.319 millones de dólares, marcando un récord anual que anticipa movimientos defensivos de los inversores ante el horizonte electoral.
Frente a la profundización del cuadro social y el impacto en la imagen del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, ensayó un giro discursivo y táctico al anunciar iniciativas orientadas al crédito y deslizar intenciones de recomponer mínimos salariales bajo la consigna de la «justicia social». Esta flexibilización, impulsada por sectores políticos del oficialismo encabezados por Karina Milei junto a aliados legislativos, persigue tender puentes con el PRO para consolidar la gobernabilidad y enviar señales de previsibilidad al mercado, aunque diversos analistas y actores sectoriales advierten que el alcance de los nuevos instrumentos hipotecarios y paritarios resulta acotado para revertir la caída de ingresos y la informalidad laboral.
En el plano legislativo e institucional, el Poder Ejecutivo logró avanzar en la Cámara de Diputados con reformas a la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal, herramientas con las que busca captar divisas y blindar la continuidad del titular de la entidad monetaria, Santiago Bausili, ante un eventual recambio político. Al mismo tiempo, en el tablero político se debate la reforma electoral para la suspensión de las elecciones primarias (PASO), una iniciativa sobre la cual la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció falta de consensos definitivos en el Congreso, mientras gobernadores de distintos signos provinciales monitorean el impacto del calendario de 2027 y el clima de polarización discursiva del mandatario hacia la prensa.
Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su equipo de gestión buscan contrastar con el modelo libertario reivindicando el orden en las cuentas públicas, el cumplimiento de los compromisos de deuda externa y la ausencia de déficit sin recurrir a medidas de ajuste recesivo o cuasimonedas. En un contexto internacional condicionado por los comicios en Brasil y Estados Unidos, el oficialismo enfrenta el desafío de sostener la estabilidad cambiaria y el apoyo del círculo rojo empresarial, mientras crecen los cuestionamientos sobre la viabilidad a largo plazo del rumbo económico actual.
